El gobierno de Malasia enfrentaba el domingo una creciente presión para descartar los planes para una ley que prohibiría las protestas callejeras, a pesar de estar de acuerdo en aliviar otras restricciones que los activistas han calificado como represivas.

El proyecto de ley para regular las protestas públicas ha llevado a abogados, líderes de oposición y grupos de derechos humanos a acusar a la coalición Frente Nacional, del primer ministro Najib Razak, de reprimir la libertad de reunión antes de las muy esperadas elecciones generales del próximo año.

Los detalles del Proyecto de Ley de Reunión Pacífica anunciado la semana pasada incluyen un requisito para que los organizadores de protestas informen a la policía sobre sus planes con 30 días de antelación. Las protestas en las calles estarían prohibidas, lo que limitaría los mítines a los estadios y auditorios públicos.

El ministro de Justicia de facto de Malasia, Nazri Aziz, dijo el sábado que el Gabinete ha acordado realizar varios cambios en el proyecto de ley, como reducir a 10 días el período de notificación previa.

Sin embargo, no había cambios previstos para la prohibición de las protestas callejeras ni para una multa de hasta 20.000 ringgit (6.200 dólares) para los manifestantes que violen la ley. Los niños menores de 15 años tendrían prohibido asistir a las marchas, que tampoco se podrían realizar cerca de escuelas, hospitales, lugares de culto, aeropuertos ni estaciones de gasolina.

El Colegio de Abogados, el principal grupo de abogados de Malasia, dijo que seguiría adelante con una marcha al Parlamento para protestar contra el proyecto de ley el martes, cuando está previsto que los legisladores federales debatan y posiblemente sometan a votación el proyecto legislativo.