Los ministros árabes de Exteriores se reunirán hoy de nuevo en El Cairo, donde está previsto que den luz verde a una serie de sanciones económicas contra el régimen de Damasco por no aplicar un plan para resolver la crisis en Siria.

Se espera que a partir de las 13.00 hora local (11.00 GMT) comience la reunión de los titulares de Exteriores en la capital egipcia para aprobar el paquete de sanciones, al que ayer dio su visto bueno el Consejo Económico y Social de la Liga Árabe, integrado por los ministros de Economía y Finanzas.

La resolución establece la prohibición de los viajes de altos responsables sirios y de los vuelos de las aerolíneas sirias al resto de países árabes, excepto en el caso de los aviones de mercancías.

También se impide cualquier transacción comercial y gubernamental a través de los bancos centrales árabes, que deberán vigilar los giros bancarios, salvo los que envíen los trabajadores sirios en el exterior a sus familiares.

El documento estipula, además, el bloqueo de los fondos financieros del Gobierno y los responsables sirios de acuerdo con una lista de nombres que deberá elaborar una comisión y la suspensión de la financiación de cualquier proyecto en territorio sirio por parte de los países árabes.

La decisión busca que las sanciones se centren en las personas vinculadas al régimen de Bachar al Asad y no perjudiquen al pueblo sirio.

Por eso, se permitirá el intercambio de mercancías estratégicas que satisfagan las necesidades de la población.

Asimismo, estarán exentos aquellos productos que representen un alto porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) de algún país árabe para evitar dañar su economía.

El ministro de Asuntos Exteriores sirio, Walid al Moalem, acusó ayer a la Liga Árabe de infringir su estatuto y buscar la intervención extranjera en Siria, cuya participación en la organización panárabe fue suspendida hace más de diez días.

Las sanciones económicas se impondrán después de que Siria no firmara el protocolo de la misión de observadores internacionales que tenía como objetivo vigilar la aplicación de una iniciativa árabe para detener la violencia en el país.

Esta propuesta formaba parte de un plan más amplio con el que la Liga Árabe pretendía propiciar una solución a la crisis que atraviesa el país, donde han muerto más de 3.500 personas desde que el pasado marzo estallaran las protestas duramente reprimidas por el régimen de Al Asad, según cifras de Naciones Unidas.