Con la aprobación en el Congreso del presupuesto para la educación y la reanudación de las actividades académicas, el prolongado conflicto estudiantil chileno ha quedado prácticamente superado como pretendía el gobierno, pero las profundas diferencias se mantienen y los jóvenes continuarán sus protestas.

Tras fracasar el diálogo entre el gobierno y los dirigentes estudiantiles, el litigio se trasladó al Congreso, donde este mes las discusiones estuvieron centradas en la aprobación del presupuesto propuesto por el Ejecutivo para 2012 de 11.500 millones de dólares.

El presupuesto se aprobó finalmente tras maratónicas sesiones en ambas cámaras y sólo restan algunos trámites para quede en condiciones de ser promulgado como ley antes de la fecha límite el 30 de noviembre. En la Cámara de Diputados la iniciativa fue rechazada, mientras que en el Senado la oposición centroizquierdista se ausentó de la votación y permitió su aprobación sólo por la minoría oficialista.

El gobierno finalmente concedió un aumento adicional de unos 400 millones de dólares, con lo que los gastos en educación el año entrante quedaron en casi 12.000 millones de dólares. La oposición, sin embargo, demandaba 1.000 millones adicionales para un mayor avance en la gratuidad, una de las demandas más sentidas por los estudiantes junto al término del lucro en los establecimientos que reciben aportes estatales.

El presidente de los estudiantes de la Universidad Católica y uno de los dos voceros estudiantiles, Giorgio Jackson, se retiró el viernes durante la sesión del Senado descontento por lo que consideró una intransigencia del gobierno.

Jackson, quien la noche del viernes entregó su cargo de dirigente estudiantil, consideró "absolutamente insuficiente" el presupuesto.

Desde la semana anterior en la mayoría de las 25 principales universidades del país que estuvieron involucradas en las paralizaciones y tomas las actividades comenzaron a reanudarse. Los estudiantes se vieron forzados a deponer las huelgas por la amenaza del gobierno de paralizar la entrega de recursos para el funcionamiento de las universidades y de que perdieran las becas los jóvenes que gozan de ellas.

Pero los dirigentes anunciaron que continuarán las protestas. Desde que se iniciaron en mayo las manifestaciones contra el gobierno se han registrado las mayores marchas desde que el país retornó en 1990 a la democracia tras la dictadura militar (1973-1990).

Aunque ha logrado neutralizar la protesta, el prolongado conflicto ha derivado en una fuerte baja en la popularidad del presidente Sebastián Piñera. Una encuesta privada difundida en los últimos días dio a su gestión una aprobación de apenas 20%, mientras la desaprobación alcanzó 72%.

Mientras tanto, todavía se mantienen paralizados miles de estudiantes secundarios. Más de 200.000 estuvieron en huelga desde mayo y según el gobierno unos 50.000 que no se acogieron a un plan del Ministerio de Educación para salvar el año deberían repetir de curso. Pero una indicación legislativa de la oposición aprobada por el Congreso permitió flexibilizar los requisitos de los establecimientos y una gran cantidad de ellos podría regularizar su situación escolar y evitar la reprobación.