Activistas mexicanos pidieron el viernes a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue al presidente Felipe Calderón y funcionarios de su gobierno por la comisión de posibles crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad en el marco de su estrategia de combate al narcotráfico.

El abogado Netzaí Sandoval, quien redactó la demanda y la presentó ante la corte en La Haya a nombre de diversos activistas, dijo el viernes en MVS Radio que el documento presenta al menos 470 casos de lo que consideran violaciones al derecho internacional humanitario por parte de cuerpos como el ejército, y que incluyen torturas y ejecuciones extrajudiciales.

Sandoval dijo desde La Haya que la petición está acompañada de 23.000 firmas de diversos activistas, académicos, periodistas y expertos en seguridad.

La demanda también señala como posibles responsables de crímenes de lesa humanidad a miembros del narcotráfico y menciona específicamente a Joaquín "El Chapo" Guzmán, considerado como líder del cartel de Sinaloa y buscado por autoridades de México y Estados Unidos.

Dijo que como superior del ejército y los cuerpos de seguridad, Calderón podría ser encontrado penalmente responsable de actos cometidos por sus subalternos.

Sandoval comentó que una vez presentado el documento, la CPI debe analizar si admite el caso, lo cual abriría una etapa en la que analizaría la situación de México y daría una oportunidad al gobierno para que demuestre si estaría dispuesto a juzgar a responsables de crímenes de ese tipo.

El gobierno mexicano negó las acusaciones. Se definió como un gobierno democráticamente electo, que combate a los criminales y que ha establecido mecanismos para proteger los derechos humanos.

El viernes, la Secretaría de Gobernación (ministerio del interior) emitió un comunicado en el que señaló que "la política de seguridad implementada de ninguna manera constituye un crimen internacional".

"Por el contrario, todas sus acciones están encaminadas a detener a las organizaciones criminales y a proteger a todas y todos sus ciudadanos", afirmó la dependencia.

Más de 35.000 personas han muerto en hechos violentos desde que el gobierno lanzó en diciembre del 2006 su ofensiva contra los cárteles de las drogas, según cifras oficiales que datan de finales del 2010. Algunos grupos señalan que las muertes superan las 40.000.

"El gobierno federal niega que en México exista un conflicto armado no internacional de carácter permanente", añadió la Secretaría de Gobernación.