Un juez procesó al ex policía y ex diputado argentino Luis Patti, quien sufre una condena a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, por el asesinato de un periodista poco antes del comienzo de la última dictadura militar (1976-1983).

El juez Adrián González consideró a Patti responsable de la privación ilegítima de la libertad, tortura y asesinato del periodista Ricardo Giménez en enero de 1976, dos meses antes del golpe de Estado, informó el viernes el Poder Judicial.

El periodista trabajaba en el diario "El Actual" de Escobar y militaba en la Juventud Peronista cuando Patti era oficial en la comisaría de esa localidad situada a unos 60 kilómetros al noroeste de Buenos Aires.

La medida judicial incluye la prisión preventiva de Patti, quien está detenido en el hospital de la cárcel de Ezeiza, en las afueras de la capital, purgando la pena de prisión perpetua. El ex subcomisario intenta lograr en la justicia el beneficio de la prisión domiciliaria por los supuestos problemas de salud que le causó un accidente cerebrovascular hace más de un año.

El magistrado también dictó un embargo sobre los bienes de Patti por un millón de pesos (233.000 dólares).

Giménez fue secuestrado en la vivienda de su abuelo en Escobar. Semanas después de ser asesinado, su cadáver fue encontrado en un basural de una localidad cercana con el rostro desfigurado, tras lo cual fue sepultado sin identificar. Su identidad fue establecida en 2008 por un grupo de antropólogos.

Según la causa judicial, desde fines de 1975 durante el gobierno constitucional de Isabel Perón, cuando actuaban grupos apoyados por el Estado para combatir a guerrilleros de orientación izquierdista, comenzó una persecución de las fuerzas de seguridad contra la Juventud Peronista de Escobar.

Patti fue condenado a cadena perpetua en abril por un tribunal que lo consideró culpable del asesinato del diputado Diego Muñiz Barreto y del militante de la Juventud Peronista Gastón Goncalvez, a pocos días del golpe de Estado.

En los años noventa, Patti fue elegido alcalde de Escobar en las urnas. En 2005 consiguió la banca de diputado por un partido de derecha, pero la cámara baja le quitó los fueros parlamentarios al considerar que carecía de idoneidad moral para el cargo, lo cual permitió su detención en 2008.

En 1985 la justicia condenó a los principales jefes de la dictadura, pero los procesos contra los cuadros inferiores de la "guerra sucia" se trabaron poco después por obstáculos legales y políticos.

En 2005 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales dos leyes de amnistía de los años ochenta que habían beneficiado a cientos de militares y policías, lo que abrió paso a nuevos procesos judiciales.

Según cifras oficiales, unos 13.000 disidentes fueron asesinados durante la dictadura. Familiares y sobrevivientes denuncian que fueron 30.000.