La Fiscalía ordenó la detención preventiva de un ex director regional de la policía secreta como presunto responsable del homicidio en 2007 de tres hombres a los que falsamente se les reportó como delincuentes muertos en combate, se informó el jueves oficialmente.

La Fiscalía explicó que la determinación de un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos afectó a Orlando Rivas Tovar, ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la policía secreta, en el departamento de Casanare, en el este de Colombia.

La misma medida se aplicó a Néider de Jesús Calderón, escolta de Rivas. A ambos se les sindica de su aparente responsabilidad en los delitos de homicidio, secuestro, tortura y concierto para delinquir, indicó el ente investigador.

Los hechos investigados están relacionados con los asesinatos de Clodomiro Coba, Beyer Ignacio Pérez y Yolman Barbosa, el 6 de abril de 2007, en zona rural del municipio de Hato Corozal, departamento de Casanare, a unos 307 kilómetros al noreste de Bogotá.

Las víctimas "fueron abordadas por hombres uniformados y con distintivos del DAS... (y) subidas a una camioneta y posteriormente se les reportó como muertas en combate", agregó la Fiscalía en un comunicado publicado en su página de internet.

La investigación estableció que, contrario a lo dicho por los procesados, los tres hombres muertos no eran delincuentes.

Rivas y Calderón fueron detenidos el 9 de noviembre pasado y actualmente están presos en una cárcel de la ciudad de Villavicencio, departamento de Meta, 75 kilómetros al sureste de la capital colombiana.

Por el mismo caso del triple crimen, la Fiscalía acusó en noviembre de 2010 al teniente Zamir Humberto Casallas, al sargento William Alexánder Alvarez y a seis soldados más.

El 31 de octubre pasado, el presidente Juan Manuel Santos decretó el cierre definitivo del DAS luego de que las autoridades establecieran que desde ese organismo de inteligencia se les hacía labores de espionaje y seguimiento ilegales a magistrados, periodistas, activistas de derechos humanos y opositores del gobierno del ex presidente Alvaro Uribe (2002-2010).

Desde fines de 2008, cuando se descubrió que algunas bajas reportadas por los militares en realidad eran ejecuciones extrajudiciales, la Fiscalía ha recibido denuncias de que más de 2.700 personas habrían sido víctimas de esa criminal práctica.

Según estadísticas del organismo investigador, hasta abril pasado 344 militares habían sido condenados por estos hechos. Por lo menos otros 700 uniformados están vinculados a procesos penales en la Fiscalía y en juzgados de Colombia.

En octubre de 2008, el entonces presidente Uribe y el actual mandatario, Juan Manuel Santos, quien para el momento del escándalo de las ejecuciones era ministro de Defensa, destituyeron a 27 militares, entre ellos a tres generales, porque por acción u omisión habrían tenido alguna responsabilidad en esas ejecuciones.