La Justicia argentina procesó hoy al exgeneral Luciano Menéndez y a otras tres personas por su presunta responsabilidad en las "continuas, reiteradas y masivas" agresiones sexuales a mujeres detenidas en centros clandestinos durante la última dictadura (1976-1983), informaron fuentes judiciales.

La medida, que considera estos delitos sexuales como crímenes de lesa humanidad, fue dispuesta por la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia de Mendoza (oeste) y alcanza, además de a Menéndez, exjefe del Tercer Cuerpo del Ejército, a los exmilitares Juan Agustín Oyarzabal, Eduardo Smaha y Armando Osvaldo Fernández.

Según informó el Centro de Información Judicial, el tribunal decidió procesarles tras encontrarlos, "prima facie, penalmente responsables del delito de violación sexual, en concurso real y en calidad de autores mediatos, en sus respectivas cadenas de mandos".

En su fallo, el tribunal señaló que el "plan sistemático y generalizado" de violación de derechos humanos implementado por la dictadura militar incluyó "una práctica que afectó principalmente a las mujeres, la violencia de género y la violencia sexual, y que no habría afectado de este modo sistemático a los detenidos varones".

Para los jueces, la manera de "infligir dolor" en los centros clandestinos de detención, donde se torturaba a los presos, "habría tenido condimentos diferenciados cuando la víctima era una mujer".

La resolución menciona que hubo numerosos testimonios de que la violencia sexual y la violación eran una práctica "permanente" en los centros clandestinos de detención, "en el contexto de encierro o coacción extrema al que fueron sometidas las víctimas".

"Si bien las violaciones habrían sido sufridas también por varones en ciertos casos, las principales víctimas fueron mujeres, a las que se les infligió otros tipos de violencia sexual. Así, por ejemplo, la desnudez forzada, y violencias que tienen que ver con particularidades biológicas de la mujer como su carácter de gestante: embarazos y abortos forzados", precisa el tribunal.

Las mujeres ya habían denunciado ante la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP) la violencia de género y los delitos sexuales de los que fueron víctimas durante su cautiverio.

De las investigaciones surge que las agresiones sexuales en los centros clandestinos de detención fueron "continuas, reiteradas y masivas" e integraron "de modo expreso o implícito" el dispositivo represivo para la denominada "lucha contra la subversión".

Para el tribunal, la violación sexual fue una "práctica sistemática y generalizada en los centros clandestinos de detención", por lo que, en dichos casos, estos delitos "son equiparables a la tortura en cuanto crimen de lesa humanidad".

Los magistrados aclararon que esto "no equivale a decir que queden subsumidos en el delito de tormentos, sino que conservan su especificidad por la gravedad de la ofensa contra el bien jurídico protegido, esto es, la integridad y libertad sexual de la víctima".