Activistas denunciaron el miércoles que empresas multinacionales se estarían apoderando de tierras de pobladores desplazados por la violencia y de terrenos baldíos del Estado con aparentes prácticas fraudulentas y aseguraron que más territorio colombiano está quedando en manos de extranjeros.

La denuncia la efectuó la organización no gubernamental Oxfam que en un hotel capitalino presentó el informe "Tierra y poder: el creciente escándalo en torno a una nueva oleada de inversiones en tierras". Los activistas dijeron que empresas multinacionales cada vez más acuden a la práctica del acaparamiento de tierras y detallaron que la firma "Monica Semillas" habría obrado en contravía de las leyes colombianas.

Yamile Salinas, de la ONG Medios por la Paz, explicó en la conferencia de prensa que "Monica Semillas" tiene 13.000 hectáreas para sembrar soya y maíz en el sector del municipio Puerto Gaitán, en el departamento de Meta y a unos 225 kilómetros al sureste de Bogotá, donde normas colombianas contemplan que las extensiones deber ser menores a las 1.000 hectáreas. Tales extensiones llamadas "unidad agrícola familiar" varían de región a región.

"Lo que encontramos que hizo Monica Semillas es lo siguiente: primero, que para poder comprar varias unidades agrícolas familiares constituyó varias empresas" las que a su vez les compraron sus tierras a grupos familiares, dijo Salinas.

Agregó que "así fue consolidando (Monica Semillas) parte de su gran predio... Y por otro lado compró...terrenos baldíos de la Nación que (legalmente) no se pueden comprar".

Salinas comentó que su equipo de trabajo habló con directivos de esa empresa y que éstos desde Brasil defendieron su actuación en Colombia con el argumento de que abogados colombianos los asesoraron para que procedieran así.

"Monica Colombia", descrita por medios locales como subsidiaria de la brasileña Monica Sementes, no respondió de inmediato llamadas de la AP para conocer su postura.

La activista explicó, sin embargo, que la práctica de comprar terrenos baldíos o más de una unidad agrícola familiar, si bien está prohibido por las leyes colombianas, aún no está tipificado como delito en este país.

El congresista de izquierda Wilson Arias denunció que esa empresa Monica recibió 3.400 millones de pesos (un poco más de 1,7 millones de dólares) del controvertido programa Agro Ingreso Seguro, del Ministerio de Agricultura; un plan del anterior gobierno que buscaba ayudar con subsidios agrícolas a campesinos pobres, pero que según las autoridades terminó favoreciendo a hacendados que para obtener el subsidios dividían sus lotes de tierras y recibir varias veces la asistencia oficial.

Arias también llamó la atención sobre lo que llamó la "extranjerización" de Colombia, esto es que cada día los extranjeros tienen más tierras del país. Reconoció, sin embargo, que no tenía cifras al respecto.

Los activistas dijeron que sus datos sobre la presunta acción de empresas internacionales provienen de informes recogidos en la prensa, no mencionaron en detalle a otras multinacionales o el total de tierras que manejarían y dijeron que corresponde a fiscales y jueces determinar si ha habido delito o no en la acción de alguna compañía.

Asier Hernando Malax, coordinador de Oxfam en Suramérica, hizo hincapié en que "la situación de tierras en Colombia es de las más preocupantes del mundo".

De hecho, el experto colombiano en el tema de tierras Luis Jorge Garay situó en unos nueve millones las hectáreas --en este país de 114 millones de hectáreas-- que les han sido despojados ilegalmente a los campesinos e indígenas colombianos en los últimos años, a manos de grupos ilegales como paramilitares.

Salinas dijo que "lo que hasta ahora demuestran los estudios es que las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) como tal no tienen tierras porque ellos han hablado de la reforma agraria, entonces ellos le entregaban (la tierra) a su gente. Una metodología muy diferente a la que uno observa por ejemplo en el caso de los grupos paramilitares".