La fiscal general de Colombia, Viviane Morales, dijo hoy que compete al Ejecutivo en Bogotá decidir sobre la revocación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que condenó al Estado como responsable de la matanza de la localidad de Mapiripán.

"No le corresponde a la Fiscalía tomar la decisión de revocar la sentencia, la decisión sobre lo que puede hacerse la tendrá que tomar el Ejecutivo", advirtió Morales al referirse a la revisión de dicho fallo solicitada a la CorteIDH por el Gobierno de su país.

El tribunal interamericano convocó para mañana en su sede de San José una audiencia para escuchar a las partes en el caso Mapiripán, que tuvo origen en una matanza cometida por paramilitares en 1997.

Por una sentencia de 2005, la CorteIDH declaró responsable al Estado colombiano de la matanza en esa remota población del departamento del Meta (centro), que según lo documentado en su momento dejó de 20 a 49 víctimas, entre muertos y desaparecidos.

Pero el Gobierno puso el mes pasado en entredicho el fallo tras la retractación de una mujer que en el pasado había asegurado, en un testimonio judicial, que en los hechos había perdido a tres familiares y atribuyó su versión original a una supuesta manipulación de abogados defensores de los derechos humanos.

El Ejecutivo del presidente Juan Manuel Santos se hizo eco de la declaración y solicitó al tribunal con sede en Costa Rica que revisara la sentencia, que implicó para el Estado el pago de cuantiosas indemnizaciones a familiares de las víctimas.

Sin embargo, la fiscal colombiana advirtió de que en la legislación que rige a la CorteIDH "no existe (...) ninguna figura parecida a la revocatoria o a la revisión de una sentencia".

El Gobierno de Colombia estará representado en la audiencia de mañana por los ministros de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, y de Justicia y del Derecho, Juan Carlos Esguerra.

Mientras, la Fiscalía General designó para intervenir en la misma vista a la jefe de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Marlene Barbosa; el director de su Oficina de Asuntos Internacionales, Francisco Javier Echeverri, y la fiscal que siguió el caso, Yolanda Pardo.

Los tres presentarán un informe sobre las tareas de la entidad judicial relacionadas con las novedades del caso, incluida la de la retractación.