Los no gubernamentales Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el colombiano Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo dijeron el martes sufrir de una campaña de desprestigio de la cual responsabilizaron al gobierno de Colombia.

Jomary Ortegón, del Colectivo de Abogados, y Viviana Krsticevic, de Cejil, dijeron durante una rueda de prensa que el gobierno de Juan Manuel Santos está aprovechando que una testigo de la masacre se retractó de sus testimonios ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para lanzar una campaña contra los organismos de derechos humanos.

"Nos han acusado de mentirosos, de corruptos y de ser parte de la estrategia de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y eso en Colombia implica que nuestras vidas corren peligro", dijo Ortegón.

Krsticevic dijo que "es una campaña de desprestigio sumamente grave".

La denuncia fue formulada en la víspera de una audiencia en la CorteIDH, con sede en la capital costarricense, sobre el caso de la masacre de Mapiripán, departamento del Meta, al sur colombiano; y perpetrada en 1997 por las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

En una audiencia convocada para mañana miércoles en San José, sede de la Corte, participarán la canciller colombiana María Angela Holguín y el ministro de Justicia y del Derecho, Juan Carlos Esguerra.

La Corte sentenció al Estado colombiano en el 2005 porque en el caso de la masacre de Mapiripán se "violó en perjuicio de cierto número de víctimas que el propio Estado mencionó como 'aproximadamente 49'...los derechos a la libertad personal, a la integridad personal y a la vida", según el texto de la decisión de ese alto tribunal.

La CorteIDH también ordenó pagar millonarias compensaciones a los parientes de las víctimas.

A finales de octubre la Fiscalía General reveló que Mariela Contreras, quien ante las autoridades locales y de la CorteIDH dijo que su esposo y dos hijos murieron o fueron desaparecidos en la masacre, en realidad o habían muerto antes o estaban vivos. Contreras, quien cobró las indemnizaciones, ha dicho a medios locales que fue una vecina de su localidad la que la impulsó a decir que sus parientes habían muerto en la matanza.

Contreras también ha dicho a medios locales que cuando acudió al Colectivo para decir que uno de sus hijos estaba vivo, algunos miembros de ese grupo le dijeron que dejara el tema sin tocar.

El Colectivo, que representó a Contreras a otros familiares en el proceso ante la CorteIDH, ha dicho que fue engañado por la mujer de la misma forma que lo fue el Estado colombiano y la Fiscalía, que es la instancia que acredita la condición de víctima. También ha dicho que está dispuesto a devolver el porcentaje que le correspondió de las indemnizaciones por representar a las víctimas.

El presidente colombiano Juan Manuel Santos y algunos de sus ministros como el de Justicia Juan Carlos Esguerra y el del Interior Germán Vargas han dicho que hay que investigar cómo exactamente se produjo esa falsificación de víctimas tanto como a sus abogados, mientras la Contraloría General ha abierto una investigación para saber cuál fue el rol de los defensores del Estado ante la Corte.

Distintas ONG locales e internacionales han cerrado filas en defensa del Colectivo y aseguran que el gobierno y críticos de su trabajo en favor de los derechos humanos aprovechan el caso para desprestigiarles.