Tras casi dos meses de interrupción por las tensiones en su frontera, Serbia y Kosovo retomaron hoy en Bruselas su proceso de diálogo, una condición impuesta por la Unión Europea (UE) a Belgrado para iniciar las negociaciones de adhesión al bloque.

El encuentro llega a pocas semanas de la próxima cumbre de jefes de Estado y Gobierno de los Veintisiete, donde el bloque debe pronunciarse sobre la apertura de esas negociaciones oficiales con Serbia.

Presionado por esa fecha, el gobierno serbio ha aceptado volver a sentarse con los representantes kosovares después de haber paralizado el proceso a finales de septiembre por la tensión en la frontera.

Según fuentes comunitarias, la ronda de diálogo iniciada hoy podría continuar mañana, a cuyo término la UE -que ejerce de mediadora- informará de los resultados.

A priori en la agenda estarán asuntos prácticos como la energía, las telecomunicaciones y la participación de Kosovo en foros regionales, indicaron esas fuentes.

Además, también se discutirá la aplicación de acuerdos anteriores, entre los que figura la delicada cuestión de los cruces fronterizos.

En los últimos meses se han repetido los choques entre los serbios del norte de Kosovo y las autoridades del país, de mayoría albanesa, por la resistencia de la minoría a aceptar un acuerdo de fronteras.

Los serbios se oponen además a que se amplíe la soberanía kosovar a la región que habitan desde antes de que Kosovo declarara unilateralmente su independencia en febrero de 2008.

Para iniciar las negociaciones de adhesión de Serbia, la UE quiere una mejora de las relaciones de Belgrado con su antigua provincia, que pasan principalmente por el mantenimiento del diálogo lanzado en marzo y que constituye el primer proceso de contactos directos entre las dos partes desde la independencia.

El objetivo principal de las discusiones es mejorar la situación de los ciudadanos de los dos estados y no tratar el estatus de Kosovo.

Bruselas no ha exigido en ningún momento que Serbia reconozca al nuevo estado, pues un grupo de Estados miembros de la Unión Europea siguen sin dar ese paso, entre ellos España.