Agentes en uniforme verde irrumpen en una concesionaria de autos canadiense para clausurarla. Altos ejecutivos de la famosa fábrica de puros cubanos están detrás de las rejas. Un ex ministro es condenado a 15 años de prisión.

Raúl Castro está acompañando sus reformas de libre mercado con una intensa batalla contra una corrupción endémica, que involucra incluso a directivos de grandes compañías estatales y ministerios, así como a los empresarios que hacen negocios con ellos.

El gobierno dice que la cruzada es fundamental para salvar el sistema socialista. Algunos hacen notar que la campaña, que causó escozor entre la comunidad de hombres de negocios, se produce en momentos en que la economía necesita financiación internacional para sacar adelante las reformas.

Cuba combatió la corrupción anteriormente e incluso se llegó a ejecutar a un héroe revolucionario acusado de narcotráfico en 1989, pero hasta ahora habían sido arrestados cubanos casi exclusivamente. Analistas dicen que ahora canadienses, franceses, checos, chilenos e ingleses fueron detenidos o condenados por presuntas irregularidades y que una gran cantidad de empresas pequeñas de Sudamérica y Europa fueron expulsadas del país.

La venta de automóviles y repuestos coreanos disminuyó este año cuando los dos principales distribuidores, ambos canadienses, fueron sorprendidos violando las leyes y productos como el vino chileno, jugos y pasta de tomates desaparecieron de las estanterías de los supermercados, siendo reemplazados a los pocos meses por productos de otras marcas.

Una cosa está clara: Las reglas para hacer negocios en Cuba han cambiado radicalmente bajo el gobierno de Raúl.

"Lo que se está haciendo en la lucha contra la corrupción no es campaña, es sistemático, permanente, hay una voluntad del estado, del gobierno", dijo a periodistas el fiscal general Darío Delgado en la semana pasada. "La corrupcion no se puede permitir", agregó el funcionario.

Si bien el organismo sin fines de lucro Transparencia Internacional dice que en Cuba hay menos corrupción que en el promedio de los países y la ubica en el tercer lugar en la lista de naciones de Latinoamérica y el Caribe con menos delitos de este tipo, los casos adquieren una dimensión especial porque el estado controla casi toda la economía en la isla.

Las compañías que quieren hacer negocios en Cuba deben presentar propuestas a funcionarios de nivel intermedio, que ganan unos 20 dólares al mes. No hay licitaciones para conceder contratos y nadie tiene que justificar las decisiones que se toman, lo que abre las puertas a la corrupción, según algunos empresarios.

Un importador sudamericano que llevaba una década vendiendo productos en Cuba hasta que fue expulsado del país en 2009 por supuesta corrupción, dice que las coimas toman muchas formas: desde una suma pequeña de dinero para la gasolina, una comida gratis o un pen drive o dispositivo de memoria informática para un "comprador internacional" relativamente nuevo hasta viajes al exterior gratis, computadoras, televisores de pantalla lisa y grandes depósitos de dinero en cuentas bancarias en el exterior para algunos funcionarios.

"Las formas de persuasión, por así decir, son casi infinitas", expresó el hombre de negocios quien añadió con cierta ironía: "el empresario siempre tiene un billete para rellenar una guayabera", en relación a un posible soborno.

Las autoridades cubanas no han dicho qué impacto podría tener la campaña en la economía de la isla, pero afirmaron en repetidas ocasiones que la corrupción puede acabar con ella.

"Para nosotros la lucha contra la corrupcion es de vital importancia", comentó la contralora general, Gladys Bejerano, la dura líder de esta tarea gubernamental.

"Aparentemente no produce muertes físicas de modo directo, no se escuchan bombas, no se derraman sangre dejan los cuerpos inertes porque destruyen la moral, la etica", expresó Bejerano. "Es lo único que pudiera destruir a la revolución porque se confirma en cada una de las manifestaciones que se destruyen valores éticos, se destruye la moral y se mina por dentro los colectivos e instituciones".

Raúl Castro impulsa firmemente la lucha contra la corrupción desde que reemplazó en la presidencia a su hermano Fidel en 2006. Al año siguiente sancionó una ley que fijaba reglas más estrictas para los funcionarios públicos.

Cuando designó a Bejerano contralora nacional en 2009, alteró la cadena de mandos para que le respondiese directamente a él y al Consejo de Estado, el órgano supremo de gobierno en Cuba.

El propio líder cubano bromeó que Bejerano no era la figura más popular del gobierno en las fiestas oficiales.

"No era bien vista por algunos la compañera Gladys Bejerano", expresó Castro al recordar que cuando la mujer realizaba labores de auditoría siempre alguien se quejaba: "Bueno, esto no ayuda".

"Algunos decían: 'Eso desmoraliza' ¡qué cosa es esa!, 'que la compañera Gladys es muy dura, dice las cosas muy duras'. Eso es lo que queremos, eso es lo que les exijo constantemente", exclamó Castro.

Los arrestos y las redadas generaron inquietud en la pequeña comunidad de empresarios extranjeros, un conjunto de individuos dispuestos a correr riesgos que siempre se han mostrado dispuestos a tolerar un cierto nivel de incertidumbre al hacer negocios con un país marxista sobre el que pesa un embargo de Estados Unidos desde hace 49 años y cuyo historial de pagos no es el mejor. Algunos ahora se sienten en la mira.

Las medidas en su contra se intensificaron en 2009, cuando más de 150 extranjeros propietarios u operadores de negocios en Cuba fueron expulsados del país, según empresarios y una lista confidencial del Ministerio de Comercio Exterior conseguida por la Associated Press, pero el ritmo de cierres de negocios y de arrestos aumentó en los últimos meses.

"Es como un terremoto", comentó un experto en comercio exterior que asesora a firmas que quieren ingresar al mercado cubano. Agregó que la campaña se produce en momentos en que Cuba comienza a resultar más atractiva para los inversionistas por las reformas de libre mercado, que generan un incremento en la demanda de materiales para la construcción, repuestos de autos y otros productos usados por los comerciantes y por el sector turístico, en manos del estado.

A pesar de los arrestos, acotó, muchas personas interesadas en invertir siguen visitando Cuba en la esperanza de penetrar su mercado.

"Este es un momento de oportunidad, pero también de un gran riesgo por lo que ocurre: Las detenciones, las clausuras", agregó en inglés el experto, quien solicitó el anonimato por el tempor de que si se revelaba su identidad ello podría dañar sus relaciones con el gobierno. "Todos están nerviosos. Todos miran nerviosos para saber quién es el próximo, quién es la próxima víctima".

Las autoridades admiten haber realizado al menos seis investigaciones de corrupción que involucraron a extranjeros en los dos últimos años, que terminaron con 52 personas condenadas a prisión.

Pero por cada operación confirmada circulan rumores de otras acciones similares. La prensa, controlada por el Estado, rara vez informa de estas investigaciones, especialmente de aquellas que involucran a extranjeros. Los cubanos están acostumbrados a no tener transparencia, lo que hace que La Habana se convierta en un hervidero de dichos e intrigas.

El fiscal Delgado justificó el hecho de que no se informe demasiado de estas investigaciones.

"Existe toda la transparencia del mundo, pero en Cuba como en otros países los procesos investigativos tienen su regla y se da a conocer los elementos ...cuando sea oportuno", manifestó Delgado.

Entre las personas cuyos arrestos han sido confirmados por las autoridades figuran Alejandro Roca, ex ministro de Industrias Alimenticia, sentenciado en mayo a 15 años de prisión por sus manejos con Río Zaza, una compañía chileno-cubana dirigida por Max Marambio, estrecho amigo de Fidel Castro que por años tuvo acceso a las altas esferas del poder.

El gobierno nunca dio detalles de lo que hizo Roca, limitándose a decir que fue sentenciado por delitos de cohecho "continuado". El propio Marambio, que pasaba la mayor parte de su tiempo en Chile, fue sentenciado en ausencia a 20 años de cárcel. Un abogado de este empresario se abstuvo de comentar el asunto.

En otro caso que involucra a un hermano de Marambio, Marcel, fueron detenidos 14 funcionarios de la dirección de Aviación Civil y fue despedido su presidente, Rogelio Acevedo, un compañero de armas de los Castro desde sus días de combatientes.

Una decena de ejecutivos de la fabricante de puros Habanos SA fueron encarcelados desde 2010, incluido su vicepresidente Manuel García, según tres fuentes cercanas a la empresa, una iniciativa conjunta entre el gobierno cubano y una subsidiaria de la Imperial Tobacco Group PLC de Inglaterra. Los informantes se negaron a ser identificados por temor a causar las iras de las autoridades.

En los últimos meses circularon informes de arrestos en la empresa telefónica nacional Etecsa — que es manejada por los militares_, de dos altos funcionarios del Ministerio de Telecomunicaciones.

Un diplomático occidental confirmó las detenciones en el Ministerio y dos personas allegadas a Etecsa dijeron que varios ejecutivos estaban detenidos. Las fuentes, que también hablaron a condición de permanecer anónimas, dijeron que el caso está relacionado con supuestos actos de corrupción vinculados con un proyecto multimillonario que cuenta con la participación de la firma parisina Alcatel-Lucent y las empresas de telecomunicaciones de Cuba y Venezuela para hacer un tendido submarino de fibra óptica que una Cuba y Venezuela.

Las autoridades se jactaron por meses a lo largo de 2010 del tendido de cable, que se esperaba aumentase la velocidad de las conexiones por internet 3.000 veces, pero el gobierno comenzó a guardar silencio a medida que se acercaba la fecha de su inauguración, en julio de este año, y no se perciben cambios sustanciales en la velocidad de la internet.

Etecsa y el gobierno no accedieron a comentar el tema.

El gobierno tampoco suministró información sobre investigaciones de Tri-Star Caribbean y Tokmakjian Group, dos concesionarias de automóviles en manos de canadienses, y de la firma de inversiones Coral Capital Group, administrada por un británico.

El asesor de extranjeros y otro empresario que no quiso ser identificado mencionaron que los tres casos surgieron de la investigación de episodios de corrupción en la mina de níquel Moa, que habría derivado en la detención de varios funcionarios cubanos y checos. El proyecto es una iniciativa conjunta entre Cuba y la minera canadiense Sherritt.

Tri-Star fue cerrada en julio y su presidente Sarkis Yacoubian fue arrestado. Tokmakjian fue allanada en septiembre y su presidente Cy Tokmakjian está bajo arresto domicialiario.

En un registro de empresas en la internet Tri-Star figura con una dirección en Nueva Escocia, donde hay una firma con un nombre similar, Tri-Star Industries. El dueño de esta última, Keith Condon, declaró a The Associated Press que su firma no tiene relación alguna con la de Cuba, aunque sí hizo negocios con Yacoubian hace más de una década.

Un hermano de Yacoubian, Greg, de Toronto, se abstuvo de hablar con The Associated Press, que dejó varios mensajes en las oficinas de representantes del Tokmakjian Group en Ontario.

Un vocero del gobierno canadiense, Jean-Francois Lacelle, confirmó que Ottawa estaba "al tanto de la detención de dos ciudadanos canadienses", pero no dio detalles para proteger su privacidad, según dijo.

Varios empresarios extranjeros aplauden la campaña contra la corrupción, diciendo que es importante para que todos compitan en las mismas condiciones, pero incluso ellos se niegan a dar sus nombres y apellidos.

Omar Everleny Pérez, del Centro de Estudios Económicos Cubanos de la Universidad de La Habana, dice que el gobierno debe alentar la inversión extranjera para que las reformas salgan adelante, pero acotó que erradicar la corrupción es vital para la economía, por más que eso pueda alejar a algunos inversionistas.

"Si vas a realizar un proceso de cambios profundos en la economia cubana, este tema debe trabajarse con fuerza", expresó Pérez.

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Los periodistas de The Associated Press Andrea Rodríguez y Peter Orsi contribuyeron a este reportaje desde La Habana.

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