En esta lujosa zona rural del sur de la Florida, donde deambulan los pavos reales y las veredas para pasear a caballo son tan comunes como las aceras, los líderes locales han invertido mucho de su tiempo en promover un plan de negocios poco habitual: una cárcel.

Los líderes de Southwest Ranches ocultaron sus planes a los residentes durante casi una década y ahora el proyecto ha crecido a tal grado que sería uno de los centros más grandes del gobierno federal para la detención de inmigrantes sin autorización para residir en el país.

La ciudad, un suburbio de Fort Lauderdale, tendría que pagar 150.000 dólares anuales para mantener la prisión, pero los funcionarios dicen que la zona lograría una ganancia al final: un 4% de lo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) le pagará a los operadores de la prisión por mantener los presos allí.

Muchos de los residentes se enteraron de los planes apenas este año, cuando el ICE anunció un acuerdo tentativo, y están furiosos.

Han realizado protestas públicas y contemplan la posibilidad de pedir una votación especial para expulsar al alcalde antes de las elecciones de marzo. Buscan además modificar las leyes locales para que sea más fácil despedir a los funcionarios de la ciudad que apoyen el plan.

La objeción contra la cárcel ha creado una alianza extraña: por un lado los residentes ricos de la ciudad, muchos de los cuales condenan la inmigración ilegal, y por el otro los activistas que luchan por los derechos de los inmigrantes, tengan o no permiso de encontrarse en el país.

La Florida Immigrant Coalition (Coalición de Florida a favor de los Inmigrantes) exigió recientemente que el ICE suspenda sus planes hasta que se efectúe una revisión ambiental sobre el impacto que tendría la construcción del centro en los cercanos Everglades.

La alianza entre residentes y activistas proinmigrantes no ha estado exenta de tensiones. En una reunión con funcionarios del ICE, fue abucheado un activista que abordó el tema del tratamiento de los detenidos en las cárceles privadas.

Sin embargo, el residente de Southwest Ranches Bill Di Scipio dijo que quienes abogan por los derechos de los inmigrantes y los residentes de la comunidad — que quieren que haya más deportaciones — deben permanecer unidos en este caso.

"En la oposición a la prisión, ambos lados del debate sobre la inmigración están representados", dijo.