Una serie de operaciones ilícitas se aprovecha del programa nacional de cupones de ayuda alimentaria por 64.700 millones de dólares, recurriendo a tiendas pequeñas de vecindarios en todo el país, de acuerdo con las autoridades.

En esos establecimientos, miles de comerciantes minoristas habrían hecho acuerdos con los consumidores, quienes intercambian los cupones por dinero en efectivo, en un monto menor al nominal de la ayuda.

Las autoridades dicen que luego los cupones son canjeados de la forma habitual por los comerciantes, con su valor nominal, lo que les permite obtener ganancias y desviar incluso 330 millones de dólares en fondos de los contribuyentes cada año. Sin embargo, las transacciones quedan registradas por medios electrónicos y los investigadores federales, que están al tanto de estas prácticas, vigilan atentamente miles de minisupermercados y tiendas familiares de abarrotes en busca de frenar el faude.

Conocida como tráfico de cupones de ayuda alimentaria, la compra o venta ilegal de estos instrumentos asistenciales constituye un delito federal que ha derivado en sentencias para 597 personas en el país, así como en 197,4 millones de dólares en multas y órdenes de compensación en los últimos tres años, de acuerdo con la Oficina del Inspector General del Departamento de Agricultura.

El mes pasado, el Departamento (USDA) por sus siglas en inglés, otorgó un contrato hasta por 25 millones de dólares a SRA International, Inc., con sede en Fairfax, Virginia, para mejorar la tecnología que se emplea a fin de combatir los fraudes.

"Se trata de un uso indebido del programa y de los dólares de los contribuyentes en momentos difíciles. No sólo la gente que necesita este programa pasa penurias, sino también quienes pagan el programa", dijo Kevin Concannon, subsecretario de Servicios Alimentarios, Nutricionales y de Consumo del USDA.

El fraude suele concentrarse entre las 199.000 tiendas más pequeñas que procesan el 15% de las transacciones totales con cupones alimentarios en el país, dijo Concannon.

En Providence, por ejemplo, los fiscales federales acusaron en agosto a Syed Shah, de 43 años, quien tenía una franquicia de 7-Eleven y quien habría participado en un complot para permitir que sus clientes cambiaran los cupones por cantidades menores en efectivo para comprar artículos como jabón, medicamentos que no requieren receta médica para expenderse, así como detergente. Ninguno de esos productos está contemplado bajo las reglas del USDA, de acuerdo con expedientes judiciales.

Los agentes federales comenzaron a investigar la tienda de Shah en julio del 2008.

Según los agentes, esta práctica generó un aumento en las ventas.