Un congresista solicitó a una comisión legislativa abrir una averiguación formal en contra del ex presidente Alvaro Uribe por su presunta responsabilidad en un espionaje desde la policía secreta a a opositores, magistrados y periodistas, se informó el viernes.

Ya Uribe ha rendido declaraciones voluntarias y públicas ante esa comisión del Congreso, pero en una investigación preliminar abierta en marzo pasado y para determinar si hay méritos o no para una indagación formal.

La llamada Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes es la única instancia que según las leyes colombianas puede investigar a altos funcionarios y ex funcionarios como el presidente de la República, los magistrados de las altas cortes y el fiscal general de la Nación.

Sólo un visto bueno de la Comisión, en un voto por mayoría de sus 15 miembros, puede abrir paso a que el pleno de la Cámara de Representantes, también por mayoría de sus 166 congresistas, autorice o no un enjuiciamiento del ex mandatario ante la Corte Suprema.

Tras recabar documentos de la Fiscalía y diferentes testimonios entre ellos el del ex mandatario en agosto pasado, el congresista Yahir Acuña, miembro de la Comisión, pidió la apertura de una investigación formal, en una solicitud presentada la víspera en una carta a su colega congresista Carlos Osorio, también miembro de la Comisión, según indicó la oficina asesora al grupo legislativo.

Acuña y Osorio son los dos miembros de la Comisión al frente del caso de Uribe y decidir si se abre o no la averiguación formal es una decisión que sólo compete a ellos mismos, explicó en diálogo telefónico Héctor Javier Vergara, presidente de la Comisión.

Vergara declinó comentar detalles del caso.

El representante Acuña, miembro del partido o movimiento Asociación de Afrocolombianos, tampoco quiso comentar el caso cuando se le consultó telefónicamente y sólo dijo que cualquier asunto relativo a la investigación la decidía junto a su colega Osorio, del oficialista Partido Social de Unidad Nacional (Partido de la U).

La Fiscalía General ha dicho hasta ahora que las órdenes del espionaje provinieron de funcionarios como Bernardo Moreno, ex secretario general de la Presidencia de Uribe, ya en prisión preventiva desde julio y quien lo niega.

Uribe, quien gobernó del 2002 al 2010, también ha negado ordenar tal espionaje y dice que fue obra de funcionarios corruptos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), una cuestionada policía secreta que dependía directamente de la Presidencia y cuyo cierre fue ordenado el 31 de octubre por el actual mandatario Juan Manuel Santos.

Algunos críticos de Uribe han dicho que es inocua su comparecencia ante la comisión legislativa porque es una instancia conocida por su lentitud y por no producir fallos. Sin embargo, también ha destacado que el ex mandatario carece de su antigua influencia política como para poder frenar una decisión contraria.

Apartes del expediente que lleva la Fiscalía sobre el caso del espionaje --por el cual ya están detenidos al menos una veintena de funcionarios y ex funcionarios del DAS-- y al que ha tenido acceso la AP, muestran fotos y detalles de las tareas diarias de activistas de derechos humanos y reporteros, así como estados bancarios de al menos un magistrado. Hasta ahora no ha trascendido el contenido completo de conversaciones telefónicas interceptadas ilegalmente.