Una organización no gubernamental hondureña denunció la existencia de por los menos 15 casos de desapariciones forzadas en su país, en algunos con presunta participación de la policía, y pidió a la comunidad internacional que vigile al Gobierno de Tegucigalpa para que respete los derechos humanos.

La directora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Cofadeh) en Honduras, Bertha Oliva, aseguró a Efe en Quito que desde el golpe de Estado al expresidente Manuel Zelaya en junio de 2009 y con la llegada en enero de 2010 del actual mandatario al poder, Porfirio Lobo, "la sociedad hondureña se ha militarizado".

Además, Oliva indicó que desde que Honduras regresó a la Organización de Estados Americanos (OEA) en junio de 2011, tras ser expulsada por el golpe de Estado, "se han profundizado" las violaciones a los derechos humanos.

Oliva, junto a otros miembros de organizaciones civiles, se encuentra esta semana en Quito, donde se ha reunido con el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, y otras autoridades para explicar los abusos que, a su juicio, tienen lugar en su país.

Ecuador fue el único Estado que se opuso a la vuelta de Honduras a la OEA, con el argumento de que no se respetaban suficientemente los derechos humanos.

Cofadeh calcula que desde el 2010 ha habido un mínimo de 15 desapariciones forzadas y en ocho de los casos se cree que la policía estuvo implicada.

Uno de los desaparecidos es José Reinaldo Cruz Palma, un dirigente social de 48 años, a quien unos desconocidos lo bajaron de un autobús en agosto y se lo llevaron en un automóvil "sin placas, gris, con vidrios polarizados, de uso de la policía", que se fue custodiado por una patrullera de agentes, explicó Oliva.

Además, en octubre aparecieron muertos los universitarios Carlos David Pineda, de 24 años, y Alejandro Rafael Vargas, de 22 e hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, crimen por el cual se detuvo a cuatro policías, mientras que están prófugos otros cuatro.

A raíz de esto, Lobo inició una depuración de la policía, que la oposición ha interpretado como un "maquillaje", porque a su juicio solo ha consistido en una rotación de oficiales.

Asimismo, Oliva indicó que desde que Lobo es presidente han sido asesinados 14 periodistas contrarios a su Gobierno y dijo creer que en su país se está construyendo una sociedad a "base del terrorismo de estado", para que los habitantes "vivan atemorizados".

A su juicio, la violencia y la impunidad de las autoridades siempre han existido, pero si bien con Zelaya había espacios para luchar contra esta situación, aseguró que ahora no.

Desde el golpe de Estado hasta ahora, Cofadeh ha puesto alrededor de 700 denuncias por crímenes como desapariciones, violaciones sexuales, asesinatos y masacres, pero "ninguna de ellas se ha elevado a requerimiento fiscal", según Oliva.

Esta situación "es una enfermedad crónica" que se repite desde los años ochenta, cuando Honduras sirvió de base de "la Contra", un grupo armado financiado por Estados Unidos que luchó contra el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua, lo que conllevó la militarización de la sociedad y la impunidad, según ella.

La situación actual, argumentó, propicia los desplazamientos internos y la emigración, sobre todo de jóvenes que no ven en su país posibilidades de desarrollarse libremente.

Cofadeh pide a la comunidad internacional que cree una Comisión de Verificación que supervise el respeto de los derechos humanos.

El año pasado Lobo estableció la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que ha recomendado limitar algunas competencias de las Fuerzas Armadas, revisar posibles violaciones de los derechos humanos durante y después del golpe de Estado e incluir la figura del juicio político en la Constitución para evitar otros derrocamientos de presidentes.

En julio, un grupo de eurodiputados viajó a Honduras y denunció el alto nivel de violencia, marcada por ejecuciones extrajudiciales, homicidios e intimidación de activistas y periodistas. Además, indicó que un 90 % de los delitos quedan impunes.

Pese a las escalofriantes cifras, Oliva cree que algún día su país acabará con la impunidad. "He luchado toda la vida contra las armas con la palabra, que tiene más poder", sentenció.