El presidente chileno, Sebastián Piñera, condenó hoy las violaciones a los derechos humanos, tras el error de una asesora que en su nombre deseó éxito a los organizadores de un homenaje a un exmilitar condenado por múltiples crímenes cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

"Condeno y siempre he condenado las violaciones a los derechos humanos, en todo tiempo, lugar y circunstancia", afirmó el mandatario, mientras La Moneda confirmaba la renuncia de la funcionaria involucrada en el caso.

"En consecuencia, no comparto y rechazo cualquier manifestación de apoyo a condenados por los atropellos a los derechos humanos cometidos en Chile", añadió Piñera en la norteña región de Coquimbo, donde inauguró un parque de energía eólica.

El miércoles, un medio opositor denuncio que el alcalde del municipio santiaguino de Providencia, Cristián Labbé, un excoronel que fue guardaespaldas de Augusto Pinochet, había facilitado dependencias de la alcaldía para un homenaje al brigadier retirado Miguel Krasnoff Marchenko.

Krasnoff perteneció a la DINA, la policía secreta de la dictadura y actualmente cumple, en una prisión militar, condenas acumuladas de 144 años de cárcel, tras ser condenado en 23 juicios por homicidios y secuestros calificados (desapariciones).

Los organizadores del acto, previsto para el 21 de noviembre, invitaron al presidente, pero la Moneda, a través de la Oficina de Gestión Ciudadana, respondió que por problemas de agenda el mandatario no podría asistir.

"Sin embargo, nos ha solicitado expresamente manifestarles sus felicitaciones y sus mejores deseos de éxito, como también un saludo afectuoso a quienes asistan a este homenaje", añadía la respuesta.

Algunas horas después, la misma oficina gubernamental calificó esa respuesta de "un lamentable error".

El portavoz del Gobierno, Andrés Chadwick, aseguró hoy que el error se debió a que se utilizó una "respuesta automatizada" a la invitación, tras ratificar la salida de Andrea Ojeda Miranda, la funcionaria responsable de la oficina de Gestión Ciudadana.

El alcalde Labbé, por su parte, aseguró en una declaración pública que el acto del día 21 es "completamente particular" y que sólo aceptó una solicitud de los organizadores de celebrarlo en una dependencia municipal.

También aseguró que no tiene previsto asistir al acto, "por compromisos previamente adquiridos" y manifestó su "asombro" por el revuelo "que causa un hecho como éste, que no consiste sino en el ejercicio de la libertad de pensamiento y de expresión".

En el Parlamento, en tanto, varios diputados de la oposición presentaron hoy un proyecto de ley que castiga con cárcel a quienes "justifiquen o desconozcan los efectos de las violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile durante la dictadura".

La iniciativa "busca que se sancione con cárcel a quienes nieguen, justifiquen, condonen o 'trivialicen' las violaciones a los derechos humanos", precisó uno de los autores del proyecto, el diputado Tucapel Jiménez, hijo de un sindicalista del mismo nombre que fue secuestrado y degollado por agentes de seguridad en 1982.