La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció a Honduras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por la "falta de investigación, procesamiento y sanción" a los responsables del asesinato del regidor de la localidad de Catacamas y defensor ambientalista, Carlos Luna López.

El caso se envió a la CorteIDH el 10 de noviembre de 2011, porque la Comisión consideró que el Estado no cumplió con las recomendaciones presentadas en el informe en el que estudió el caso, informó hoy el organismo en un comunicado, tras haberse notificado a las partes.

En dicho informe, la CIDH concluyó que Honduras "es responsable de la violación de los derechos a la vida y a la participación política de Luna López, así como de la violación de los derechos a la integridad personal, las garantías judiciales y la protección judicial en perjuicio de sus familiares".

Luna López, electo en 1998 como regidor de Catacamas, en el Departamento de Olancho, denunció actos de corrupción en la Corporación Municipal en relación con la concesión de permisos madereros y casos de presunta tala ilegal.

El regidor manifestó públicamente en varias ocasiones que había recibido amenazas de diferentes sectores, incluidos algunos funcionarios públicos e incluso presentó una denuncia por una amenaza de muerte.

Sin embargo, fue asesinado el 18 de mayo de 1998, y según la CIDH "las autoridades competentes no realizaron las diligencias inmediatas de protección de la escena del crimen ni realizaron una autopsia adecuada".

La Comisión señala que se abrió un proceso contra los autores intelectuales y materiales del crimen, uno de los cuales fue procesado y asesinado en una prisión de alta seguridad tras haber manifestado que temía por su vida por haber identificado a algunos de los autores intelectuales.

Varios testigos recibieron hostigamientos y amenazas durante el proceso penal, varios jueces se excusaron durante el proceso y la CIDH denuncia que el Estado "no abrió investigación alguna en relación con los indicios de participación de agentes estatales".

La CIDH había pedido a Honduras reparar "adecuadamente" las violaciones cometidas y realizar una investigación para establecer las circunstancias del asesinato e identificar a todas las personas que participaron tanto en planear como en ejecutar su muerte para aplicar las sanciones correspondientes.

También recomendó tomar medidas administrativas, disciplinarias o penales por las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que "contribuyeron a la denegación de justicia" a la familia Luna y a la impunidad del caso.

Asimismo, pidió al Estado que tomara medidas de carácter legislativo, institucional y judicial orientadas a reducir el riesgo al que están expuestos los defensores de los derechos humanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

No obstante, al desatender sus peticiones la CIDH, organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que vela por los derechos humanos en el continente, elevó el caso 12.472 ante la Corte para que lo estudie y dicte sentencia.