El gobierno del presidente Sebastián Piñera ha tenido éxito al apostar a una estrategia de desgaste paulatino de las protestas estudiantiles, lo que obligó a los jóvenes a cambiar de táctica para lograr sus demandas y a plantearse la necesidad de continuar su lucha hasta el año entrante.

"Nos encontramos con un gobierno de derecha que ha apostado al desgaste, una estrategia que ha sido bastante efectiva ... a la radicalidad y a la criminalización del movimiento (en referencia a la presencia de los encapuchados)", dijo Camila Vallejo, vocera del estudiantado.

La mayoría de las 40 marchas realizadas desde mayo han culminado con desmanes protagonizados por encapuchados que se enfrentan a la policía con violencia y que ocasionan daños a bienes públicos o privados.

Pese a los desórdenes, la mayoría de los chilenos apoya el movimiento que ha paralizado la educación pública en los últimos meses a un país de 17 millones de personas y que ha servido de inspiración a otros estudiantes de Sudamérica.

"Llevamos seis meses de movilizaciones y el Ejecutivo no ha logrado resolver el problema", dice Vallejo que admitió no haber "conseguido mucho" aludiendo a las demandas estudiantiles de gozar de una enseñanza superior gratuita y de calidad.

Esta estrategia de continuo debilitamiento también ha creado diferencias en los últimos días: parte de los miles de estudiantes regresaron a las aulas presionados por la amenaza del gobierno de no transferirles el dinero de becas y créditos. Otros tantos tienen posiciones más radicales y están dispuestos a perder el año.

Actualmente, el estudiantado no logra convocar las 200.000 personas que, sin mucho problema, congregaban al comienzo de su protesta.

Pero este debilitamiento no significa que los estudiantes no hayan logrado modestas conquistas como la rebaja del 6% al 2% en los intereses de los préstamos universitarios, que el Congreso discutiera la refinanciación de deudas de 110.000 morosos, y las promesas del gobierno de otorgar becas a los universitarios más necesitados, y de la bancada opositora de no llegar a acuerdos con el Ejecutivo "entre cuatro paredes", como dijo Vallejo.

"A estas alturas no nos queda más que la resistencia y algunas conquistas parciales... y la trascendencia del movimiento", dijo Vallejo, que al igual de otros líderes se niegan a salir derrotados.

Para lograr estos pequeños avances si se les compara con sus aspiraciones iniciales, los jóvenes decidieron cabildear en el Congreso con el oficialismo y la oposición de centroizquierda. A mediados de noviembre, no obstante, reiniciaron las marchas y, por tanto, no han tenido tiempo para pensar en cómo prolongar su lucha en 2012.

Vallejo cree que uno de los caminos que deben tomar para lograr cambios a largo plazo es la postulación a los comicios de 2012, que elegirán a 345 alcaldes y centenares de concejales.

"Existe una falta de representación en el Congreso", dijo Vallejo. "Esa es una realidad y ojalá que los jóvenes se empoderen y se den cuenta de que esa es la forma (postularse a elecciones) de cambiar el país".

Marta Lagos, directora de la encuestadora Latinobarómetro, dijo que "evidentemente que de este grupo van a salir políticos futuros".

La propia Vallejo no descarta en postularse.

Los grandes perdedores han sido los estudiantes de secundaria que sólo tienen la vaga promesa de que en el futuro las escuelas no dependan de los municipios sino que regresen a cuidado del estado central.

Unos 50.000 de ellos, aproximadamente, perderán el año escolar por no lograr la asistencia mínima ni los conocimientos necesarios por sumarse a las marchas, paros y ocupaciones de colegios.

Desde que nació en mayo, el movimiento exige que las universidades operen sin ánimo de lucro, que las escuelas básicas y secundarias vuelvan a manos del Estado, que haya más financiación de la educación universitaria pública, que se reforme un sistema de vouchers que canaliza millones de dólares a escuelas privadas y que la banca privada no sea quien preste los dineros.

En pocas palabras, los estudiantes quieren de vuelta el sistema educativo gratuito que la dictadura militar (1973-1990) desmontó.

A estas exigencias, que remecieron la tranquilidad de la sociedad chilena, los estudiantes sumaron otras: que el estado tenga una mayor intervención en la economía para que regule precios, que el sistema electoral permita la representación en el Congreso de partidos pequeños e independientes, que aumenten los impuestos a los más ricos y que la Constitución permita la convocatoria de consultas populares sobre políticas públicas.

Piñera rechaza de plano la gratuidad de la educación y afirma que el ideal "es un sistema mixto, en el que haya educación privada y educación pública".

"Lo que hemos dicho es que la educación será gratuita para todos los jóvenes que no pueden pagarla, pero los que sí pueden pagar tienen que hacer un esfuerzo", dijo el presidente quien promueve, además, un proyecto de ley que busca penalizar a quienes inciten o promuevan desórdenes o cualquier otro acto de violencia, como la ocupación de escuelas y campus universitarios.

El presupuesto actual para la educación es de 11.650 millones de dólares y debe ser aprobado, a más tardar, el 30 de noviembre para que no rija el del año anterior.

Alumnos y rectores universitarios coinciden en que ese dinero no es suficiente para las necesidades del sector.

Un estudio comparativo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que agrupa a países desarrollados y que incluye a México y Chile, reveló que la educación universitaria chilena es la más cara del mundo desarrollado después de la de Estados Unidos.

El 2009 Chile invirtió 2.707 dólares al año por cada alumno de escuela primaria y 2.564 dólares por cada estudiante de secundaria.

La inversión de Chile es mayor que la de México, menor que la de Argentina, pero inferior a los 10.000 dólares que invierte Dinamarca, Islandia, Luxemburgo o Noruega en educación primaria.

En Chile existen 34 universidades privadas creadas desde 1981 mediante una ley que prohibe el lucro. Pero la mayoría obtiene ganancias mediante subterfugios como crear inmobiliarias que arriendan las instalaciones de su propios planteles.

Las 25 universidades estatales del país reciben un 15% de aporte del estado, según la OCDE. El resto es financiado de las colegiaturas que pagan las familias.

Javiera Kobayashi Durán, de 20 años, estudia el primer año de Diseño en la tradicional Universidad Católica. Sus padres pagan 12.000 dólares por diez meses de matrícula y materiales varios.

Para afrontar la deuda, su padre tiene tres trabajos y su madre uno. Pero la situación se hará más difícil cuando el hermano de Javiera, Rodrigo, entre a la universidad.

"Como estoy en una muy buena universidad, aunque es cara, espero encontrar trabajo sin problemas cuando me titule", dijo Javiera.

"En Chile la educación no es una garantía de ascenso social como prometió el régimen militar, la Concertación (agrupación de partidos políticos de centroizquierda) y Piñera", dijo a la AP Santiago Bernardo Navarrete, de la Universidad de Santiago.

"Todos los problemas, en su origen, lo tienen en el mercado", dice Patricio Meller, experto en educación. "Si se acaban las universidades con fines de lucro no se va a evitar el ritmo del incremento acelerado de los aranceles (por sobre la inflación), no va a aumentar el crédito universitario, no va a disminuir el costo de éste, no va a haber más morosidad. Los universitarios han confundido lucro con mercado".

En Argentina, cuyas universidades son gratuitas y de las que sólo se gradúan el 40% de los estudiantes, se han registrado protestas de menor escala que buscan más dinero del presupuesto para la educación.

En Brasil, dónde los exámenes de admisión universitarios no son aprobados por las clases menos favorecidas, han habido movilizacione para que se destine el 10% del PIB a la educación, que hoy alcanza al 4,3%.

En Colombia, los estudiantes lograron el retiro de un proyecto de ley que, según ellos, abría la puerta para que las universidades operaran como cualquier empresa privada.

"El estado debe ser responsable (del financiamiento de la educación)" dijo Juan Sebastián López, de 24 años, estudiante de Derecho en la privada Universidad Externado. "El miedo de nosotros es que se llegue a lo de Chile".

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La corresponsal de la AP en Colombia, Vivian Sequera, contribuyó a este reportaje.

Eva Vergara está en twitter como @evavergaraap