La Fiscalía General colombiana informó el miércoles que 10 militares fueron condenados a 38 años de prisión cada uno por el asesinato de un campesino al que falsamente reportaron como un guerrillero muerto en combate.

La decisión fue adoptada por un juzgado penal de la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia, 250 kilómetros al noroeste de Bogotá, y afectó al teniente del Ejército Carlos Enrique Riaño Triana y a nueve soldados.

Todos fueron hallados responsables de los delitos de secuestro y homicidio.

Los hechos tienen relación con la retención ilegal y posterior asesinato del campesino Norbey de Jesús Ceballos Santamaría el 16 de julio de 2004, en el municipio de San Luis, en Antioquia, ubicado a unos 190 kilómetros al noroeste de la capital colombiana.

"La víctima fue reportada como abatida en combates con guerrilleros del noveno frente de las FARC" o Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, dijo la Fiscalía en un comunicado.

La familia de Ceballos Santamaría, agregó el ente investigador, "declaró ante un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH (Derecho Internacional Humanitario) que un día antes de su muerte... fue retenido y golpeado por los uniformados".

Los 10 militares, precisó la Fiscalía, están detenidos en cárceles de Antioquia.

El fallo puede ser apelado ante el Tribunal Superior de Antioquia.

En agosto de 2008 las autoridades descubrieron que muchas de las bajas notificadas por los militares eran en realidad asesinatos de civiles reportados falazmente como delincuentes muertos en choques con la fuerza pública.

A raíz de esas denuncias, en octubre de ese año el entonces presidente Alvaro Uribe (2002-2010) y su ministro de Defensa, el actual presidente Juan Manuel Santos, destituyeron a 27 militares --entre ellos tres generales-- porque por acción u omisión permitieron ese tipo de homicidios.

La Fiscalía no ha ofrecido datos actualizados sobre militares detenidos y condenados por esas ejecuciones. Sus reportes más recientes datan de abril y aseguran que investigan denuncias por al menos 2.700 víctimas, 700 militares son procesados y 344 ya fueron condenados.