Uruguay necesita movilizar una "voluntad política" firme en el Gobierno de los EE.UU. si quiere que desclasifique documentos sobre la dictadura uruguaya (1973-1985), afirmó hoy el experto de la organización National Security Archive (NSA) de la Universidad George Washington, Carlos Osorio.

En una conferencia brindada en la sede de la Cancillería en Montevideo, Osorio, responsable del proyecto de documentación del Cono Sur de la organización, dedicada a recopilar y difundir información contenida en los archivos oficiales del Gobierno de los EE.UU., indicó que la búsqueda de la información pasa necesariamente por contar con una decisión política y que buscar esa aprobación debe ser el primer trabajo si se quiere desentrañar la verdad.

"La desclasificación de documentos públicos relativas a ese período, como la que se hizo en EE.UU sobre lo ocurrido en Argentina, solo sucede por voluntad política de las altas esferas, y eso es lo que hay que ir a buscar", explicó Osorio, que se encuentra en el país como asesor del Gobierno uruguayo para la búsqueda de información relativa a la dictadura uruguaya en los archivos estadounidenses.

Para Osorio, una vez tomada la decisión de desclasificar la información, ya importa poco qué administración gobierne en Washington porque los "compromisos" se mantienen y no suele haber "zancadillas", puesto que además usualmente se emplean "como políticas de acercamiento a América Latina".

La segunda lección a considerar a la hora de pedir la apertura de un archivo, según el experto, es que "no toda la información está en EE.UU." y que hay que poner las "expectativas en perspectiva".

Así, Osorio señaló que con las desclasificaciones de documentos estadounidenses para lugares como Guatemala, Chile o El Salvador, procedentes del Departamento de Estado, la CIA o el Departamento de Defensa, es difícil encontrar "información directa" sobre violadores de los derechos humanos.

"Sí es más fácil encontrar información sobre la cadena de mando, con documentos en los que se señala quién ordenó qué cosa a quién. Ahí ya aparecen responsabilidades de operaciones en particular. Después podemos decir si hay bastante documentación sobre la responsabilidad del Estado en promover una política de terrorismo", añadió.