Los campesinos en huelga desde hace diez días contra la minería en la provincia de Andahuaylas, en el sur andino de Perú, decidieron suspenderla hoy, pese a que otras organizaciones sociales la mantienen.

Según la emisora Radio Programas del Perú (RPP), la Junta del Distrito de Riego de Andahuaylas, que convocó la protesta, dio a conocer en un comunicado el fin de sus manifestaciones.

"La Junta no comparte los actos de vandalismo ocasionados por grupos infiltrados y comunica que a partir de la fecha se levanta el paro, manteniéndose vigilante y alerta hasta concluir con las normas legales que garanticen a nuestras dos provincias libres de minería", señaló el documento.

Fuentes policiales de Andahuaylas dijeron hoy a Efe que la huelga todavía se mantiene, que los comercios permanecieron cerrados durante el día y que unas 2.000 personas estaban reunidas en el campo ferial de la ciudad.

Uno de los dirigentes de la Junta indicó a RPP que si en 15 días el gobierno no saca adelante el Decreto Supremo que excluya de toda actividad minera a Andahuaylas y Chincheros, sus posiciones se radicalizarán.

Los habitantes, que el jueves protagonizaron unos violentos enfrentamientos con la policía en los que hubo 80 heridos, rechazaron inicialmente un acta suscrita entre sus dirigentes y una comisión del Gobierno, que ofrecía estudiar su exigencia de que se prohíba la minería en su región.

La comisión estaba formada por los ministros de Agricultura, Miguel Caillaux, y de Energía y Minas, Carlos Herrera, así como por el viceministro del Ambiente, José de Echave, quienes suscribieron una tregua de 15 días.

En el comunicado, el presidente de la Junta, Pelayo Hurtado, y otros dirigentes afirmaron que asumían la huelga al objeto de tener un territorio libre de contaminación y actividad minera y por la conservación de los recursos naturales.

Los manifestantes de las provincias de Andahuaylas y Chincheros exigían que su territorio sea declarado libre de minería con la anulación de proyectos de las empresas Ares y Apurímac Ferrum, en fase de exploración, y de actividades mineras ilegales.

Según los habitantes, esos proyectos contaminan y ponen en peligro las reservas de agua de sus localidades.