El Ministerio del Interior de Ecuador informó hoy que a través de la Policía da protección a César Ricaurte, director de la ONG Fundamedios, quien denunció haber recibido amenazas de muerte tras criticar al Gobierno en una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Tras esa sesión en Washington, el Gobierno elaboró varias cadenas (programas de emisión obligatoria para radios y televisiones del país) sobre Ricaurte y otros de los periodistas que acusaron al Ejecutivo de ataques "sistemáticos" contra la prensa.

"A partir de la emisión de las cadenas tuvimos una gran cantidad de mensajes, unos insultándonos, agrediéndonos y varios más amenazándonos directamente de que nos van a desaparecer físicamente, de que nos van a eliminar, de que vienen por nosotros", denunció ayer Ricaurte.

Los mensajes llegaron al correo electrónico de Fundamedios y sus páginas de las redes sociales Facebook y Twitter, así como a la cuenta personal de su director.

El Ministerio del Interior señaló hoy en un comunicado que "decidió proporcionar protección" a Ricaurte, a través de la Policía, "ante presuntas amenazas que habría recibido a través de las redes sociales".

"Apenas se conoció el caso, a través de varios medios de comunicación hemos acudido a brindarle la protección que se requiera", indicó Leonardo Berrezueta, viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior.

"Sin necesidad de pedido alguno hemos acudido a brindarle la protección que se requiera", dijo y apuntó que "todos los ciudadanos tienen derecho a este tipo de protección".

Añadió que todas las personas que mantienen una cuenta de Twitter o de Facebook, "están expuestas a recibir cualquier tipo de mensajes acorde a la actividad que realizan".

En un comunicado, Fundamedios señaló hoy su agradecimiento al Gobierno, pero deploró "que se haya destacado esta noticia sin previo aviso a los afectados".

"Consideramos que todo asunto relacionado con la integridad personal debería ser tratado de forma seria y reservada por el Gobierno y no darle una entonación política. Con el uso del tema, se desvaloriza cualquier medida de protección que se haya querido establecer por parte del Estado", señala.

Ricaurte manifestó que ayer tuvo protección policial y hoy vio ante su casa "un carro lleno de militares".

Ayer venció el plazo dado por la CIDH al Gobierno para que le dé información sobre esas cadenas, en las que, según la presidenta de ese órgano, Dinah Shelton, "se estigmatizaba y se emitía de manera encadenada información en contra de las personas que vinieron a la audiencia".

Correa, por su parte, ha afirmado que esas emisiones dijeron la verdad y criticó los argumentos presentados por los periodistas en la audiencia.

"No fueron a defender la libertad de expresión, fueron a tratar de demostrar que yo soy un sinvergüenza para ayudar a estos periodistas autores de un libro en un juicio privado", dijo ayer el mandatario en una entrevista radial.

El presidente hacía referencia a "El Gran Hermano", un libro en el que los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita señalan que Fabricio Correa, hermano del mandatario, les dijo que éste sabía de los contratos que él tenía con el Estado.

Correa lo niega y ha interpuesto una demanda contra ellos en la que reclama 10 millones de dólares por daño moral.

Precisamente Zurita fue drogado el jueves durante un aparente asalto, en el que le robaron 50 de los 300 dólares que llevaba.

El periodista, que recuerda muy poco del incidente como consecuencia de escopolamina (una droga usada por asaltantes) dijo ayer a Efe que cree que fue objeto de delincuencia común y no de un ataque por sus críticas al Gobierno.