El presidente Juan Manuel Santos inauguró el viernes la primera oficina destinada a recibir y procesar solicitudes de colombianos cuyas tierras les fueron arrebatadas por grupos armados ilegales, uno de los más grandes y ambiciosos planes del gobierno.

La oficina, instalada en un edificio del centro de Bogotá, es parte de las 22 que el gobierno de Santos ha dicho que abrirá en todo el país para recibir solicitudes y examinar los reclamos de personas que perdieron sus tierras por la violencia de grupos ilegales.

Tales oficinas son parte de los procedimientos contemplados por la llamada Ley de Víctimas, sancionada por Santos en junio pasado, y que comenzará a regir el próximo 1 de enero, pero el mandatario explicó que para estar listos al momento de vigencia de la norma ya comenzaron a instalar tales despachos de presentación de reclamos.

De acuerdo con el gobierno, serán 22 jueces especializados en el tema de tierras o agrarios "los que van a decidir efectivamente 'a esta víctima se le restituye esta tierra o a esta no''', dijo Santos.

"Porque también quiero hacer una advertencia: las víctimas van a ser recibidas con los brazos y el corazón abierto por parte del Estado, y las vamos a ayudar en todo lo que esté a nuestro alcance, pero a los avivatos los vamos a meter a la cárcel. Los que entren por esa puerta para reclamar tierras que no son de ellos, tierras a las cuales no tienen derecho, la ley ya establece hasta 12 años de cárcel", agregó el mandatario en un discurso al inaugurar la oficina.

Por eso "las verdaderas víctimas aquí serán recibidas con tapete rojo, los avivatos tendrán tapete rojo al principio (simplemente por entrar a la oficina) pero una cárcel al final" si se comprueba que hacen un falso trámite, agregó el presidente.

El gobierno ya ha advertido que conoce versiones sobre abogados que por ejemplo cobran a víctimas prometiéndoles resolver un reclamo de tierras, cuando tales gestiones son gratuitas.

Santos dijo que el Ministerio de Agricultura, del que dependerán las 22 oficinas de reclamos, tiene al menos 4.000 solicitudes para restituciones por un total de 400.000 hectáreas en distintos puntos del país.

Cada oficina cubrirá reclamos de varios municipios de los 32 departamentos colombianos y será la que solicite legalmente a un juez agrario la restitución del lote y además represente a la víctima ante los juzgados, según indicó el Ministerio de Agricultura en un comunicado.

Las autoridades investigan el robo o despojo desde la década de 1980 de entre dos y seis millones de hectáreas — en este país de 114 millones de hectáreas — tanto a campesinos como a pequeños y mediados productores por parte de paramilitares, narcotraficantes y guerrillas. Santos ha dicho que la meta del gobierno es devolver dos millones de hectáreas a sus legítimos dueños durante su cuatrienio de gobierno (de agosto del 2010 a agosto del 2014).

Desde agosto del 2010 y hasta el 27 de junio, los datos más recientes, el gobierno de Santos ha titulado y restituido unas 336.600 hectáreas en todo el país, según el oficial Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).