Un tribunal federal brasileño estimó hoy que la construcción de la polémica central hidroeléctrica de Belo Monte puede continuar, al considerar que no afectará directamente a ninguna aldea indígena en la selva amazónica.

En su concepto, la corte también expresó que el Gobierno no violó la Constitución por no haber consultado a los pueblos originarios antes de publicar la licitación, como sostenía la Fiscalía.

La magistrada María do Carmo Cardoso, cuyo voto decidió hoy la sentencia después de dos aplazamientos, argumentó que el Gobierno está dentro de la ley por haber contactado a los indios durante el proceso de la licitación, puesto que la Constitución solo obliga a consultar previamente si la obra afecta directamente a las aldeas.

Belo Monte es objeto de un proceso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA por sus supuestos daños irreparables a la Amazonía y, además, tiene una decena de causas pendientes en la Justicia brasileña por diversos aspectos polémicos en la concesión de los permisos de la obra.

La obra comenzó el pasado marzo en el río Xingú, afluente del Amazonas, en el municipio de Altamira (Pará), y tiene un coste previsto de 10.600 millones de dólares.

Con una potencia máxima de 11.233 megavatios, Belo Monte será la tercera mayor central hidroeléctrica del mundo por detrás de la china de Tres Gargantas y la de Itaipú, que comparten Brasil y Paraguay.

Según denuncian los ecologistas e indígenas, la central inundará 516 kilómetros cuadrados de selva, desplazará de sus hogares a 50.000 campesinos y podría causar severos daños al ecosistema.