Tres diputados brasileños están con protección policial por amenazas de supuestos integrantes de grupos criminales investigados por los legisladores, reveló el jueves la Cámara de Diputados.

Los tres se vieron obligados a requerir protección ante las investigaciones que realizan de grupos de exterminio, milicias armadas y narcotraficantes, informó la Agencia Cámara, medio oficial de la cámara baja.

Los afectados son los diputados Luiz Couto y Fernando Ferro, del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), y Anthony Garotinho, del Partido de la República (PR).

Couto, un sacerdote católico del estado de Paraíba, sufre amenazas desde 2003 cuando comenzó a investigar la acción de grupos de exterminio que actúan en el noreste brasileño.

"Soy un prisionero domiciliar, sólo salgo de casa con presencia de la policía federal", dijo Couto. "Incluso para oficiar misa necesito seguridad", agregó.

La comisión de Couto reveló la participación de policías, jueces y otras autoridades judiciales y políticas en grupos de exterminio dedicados a asesinar rivales de otras bandas criminales o personas que amenazan sus actividades delictivas.

Couto y Ferro reciben protección cuando visitan sus estados, mientras que Garotinho tiene acompañamiento de la policía legislativa en Brasilia, aunque pidió seguridad de la policía federal en su estado de Rio de Janeiro.

Ferro, de Pernambuco, también ha denunciado la operación del crimen organizado en su estado y un asesor suyo, Manoel de Mattos, fue asesinado en 2009 después de recibir amenazas de bandas delictivas.

Garotinho ha sido acompañado por la policía legislativa desde que en junio fue atacado a balazos en su carro cuando salía de una reunión en la localidad turística de Cabo Frío, en Rio de Janeiro.

"La policía federal está investigando el crimen, pero probablemente fue cometido por gente incomodada con las investigaciones que vengo haciendo en la Comisión de Fiscalización y Control" de la cámara baja, dijo Garotinho, un ex gobernador de Rio de Janeiro.

Tanto el noreste de Brasil como Rio de Janeiro son regiones afectadas por la violencia criminal, muchas veces asociada al tráfico de drogas.

El caso de los tres legisladores se conoció después de que el diputado Marcelo Freixo, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) e integrante de la Asamblea Legislativa de Rio de Janeiro, debió abandonar el país este mes por las amenazas que enfrentaba de grupos criminales bajo su investigación.