La justicia brasileña rechazó el miércoles una acción para frenar la construcción de la planta hidroeléctrica de Belo Monte, en la Amazonia, para consultar a las comunidades indígenas que habitan en la zona.

Dos de los tres jueces del Tribunal Regional Federal, en Brasilia, respaldaron el decreto legislativo que autorizó la construcción de Belo Monte, sobre el amazónico río Xingu, un polémico proyecto que ha movilizado a ambientalistas dentro y fuera de Brasil contra su instalación.

La votación había sido suspendida dos semanas atrás con un voto a favor y uno contra, pero la jueza Maria do Carmo Cardoso se pronunció el miércoles contra el pedido de suspender la construcción de la represa.

Belo Monte tendrá una capacidad instalada de 11.000 megavatios y el gobierno la considera crucial para el abastecimiento energético futuro del país.

Con un costo superior a 11.000 millones de dólares, será la tercera mayor represa hidroeléctrica del mundo detrás de las Tres Gargantas, en China, e Itaipú en la frontera entre Brasil y Paraguay.

Opositores al proyecto alegan que la represa tendrá un impacto ecológico severo sobre la fauna del río y el área que será inundada, al tiempo que provocará un masivo desplazamiento de indígenas y pobladores de la zona.

La relatora del caso en el Tribunal Regional Federal, Selene Almeida, había votado por suspender su construcción al considerar que la consulta a los indígenas para un proyecto que puede impactarlos está garantizado en la Constitución.

La abogada Riviany Rojas, del Instituto Socioambiental, consideró que la decisión del tribunal equivale a anular un artículo de la Constitución.

"Al decir que da lo mismo si los indígenas son escuchados, que los indígenas no serán considerados, la jueza Maria do Carmo (Cardoso) borra y anula una disposición de la Constitución Federal", expresó Rojas.

Los otros dos jueces del tribunal argumentaron que la Constitución no aclara si los indígenas deben ser consultados antes del inicio de la obra, por lo cual podrán ser escuchados en cualquier momento.

El gobierno ha defendido el proyecto al alegar que su impacto social y ambiental fueron minimizados y que se realizarán inversiones para compensar tales impactos.