Dieciséis naciones de América Latina y el Caribe pidieron el martes unirse a la demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra la nueva ley de inmigración de Carolina del Sur, entre temores de que cause que sus ciudadanos sean blanco de discriminación autorizada por el estado.

México, Honduras, Brasil, Ecuador y Chile estuvieron entre los países que presentaron documentos el martes pidiendo unirse al litigio presentado la semana pasada por el Departamento de Justicia en Charleston.

En la querella, abogados federales pidieron a la corte impedir que el estado aplique una ley que entra en vigor en enero.

La medida requeriría que agentes del orden público que realicen una detención vial llamen a funcionarios federales de inmigración si sospechan que alguien está en el país sin permiso. La medida prohíbe a los agentes retener a alguien sólo por simple sospecha. Quienes se oponen a la ley la califican como alentadora de la caracterización racial.

Las naciones manifiestan en sus documentos que su relación es con los Estados Unidos y que ésta no debería ser afectada por lo que hagan los estados. Presentaron impugnaciones similares contra la nueva ley migratoria de Alabama.

México dijo que tiene interés en proteger a sus ciudadanos y asegurar que su origen étnico no sea utilizado como base para actos de discriminación.

Ese fue un punto de vista compartido en solicitudes para unirse al litigio presentadas por separado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México señaló en un comunicado que el gobierno presentó el martes ante la corte federal de distrito de Carolina del Sur un escrito de "Amigo de la Corte (Amicus Curiae) en apoyo de las demandas de inconstitucionalidad interpuestas por el gobierno de Estados Unidos y por organizaciones de la sociedad civil en contra de la ley S 20".

El gobierno mexicano dijo que "dicha legislación contiene disposiciones que criminalizan la migración y que pueden propiciar su aplicación selectiva, afectando potencialmente los derechos civiles de los nacionales mexicanos que residen o visitan Carolina del Sur".

México agregó que continuará "desplegando todas las medidas necesarias y acudirá a todas las instancias a su alcance, a fin de proteger los derechos fundamentales de los mexicanos en el exterior, sin importar su calidad migratoria".

En una petición presentada el lunes en la que se solicita un interdicto permanente de la ley, el Departamento de Justicia argumentó que únicamente el gobierno federal tiene la autoridad constitucional de aplicar las leyes de inmigración.

La ley de Carolina del Sur también exige que todos los negocios utilicen un banco de datos del gobierno federal para revisar el estatus legal de sus contrataciones nuevas. Si violan la ley a sabiendas, pueden perder su licencia comercial.

También convierte en delito mayor crear identificaciones falsas y albergar a inmigrantes en situación migratoria ilegal.

El fiscal federal en Carolina del Sur Bill Nettles dijo que la ley viola el derecho de la gente a un debido proceso y es inconstitucional.

El Departamento de Justicia está impugnando leyes similares en Alabama y Arizona, y está revisando las de Utah, Indiana y Georgia.

La dependencia federal argumenta que las leyes estatales desvían recursos de esfuerzos para combatir terrorismo, contrabando de drogas y actividad de pandillas, y ocasionará acoso y detención de visitantes extranjeros, inmigrantes legales o ciudadanos estadounidenses que no puedan de inmediato demostrar su estatus legal.

Pero quienes apoyan tales leyes estatales señalan que éstas no serían necesarias si el gobierno federal hiciera su trabajo de aplicar la ley.

Rob Godfrey, vocero de la gobernadora Nikki Haley, dijo el martes que ésta no daría marcha atrás ante las demandas e impugnaciones.

"El trabajo de la gobernadora es proteger a los ciudadanos de Carolina del Sur. Eso es lo que está haciendo, y no se va a detener sin importar quién decida demandarla, ya se trate de los sindicatos, la ACLU, el Departamento de Justicia o cualquier otro", subrayó Godfrey.