Las demandas federales que desafían la ley de Carolina del Sur contra la inmigración ilegal no afectarán el mandato de la ley que obliga a las empresas a revisar el estatus legal de sus nuevos empleados, dijo el lunes la directora estatal del Ministerio del Trabajo.

Catherine Templeton dijo que las demandas entabladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y del Sindicato de Libertades Civiles estadounidense no tienen ninguna relación con la parte de la ley que su agencia supervisa. Ambos grupos buscan que un juez evite que la ley tome efecto el 1 de enero y que en última instancia la deseche por ser inconstitucional. Se tiene programada una audiencia para el 19 de diciembre.

Pero Templeton dijo que ninguna de las demandas va dirigida a los requisitos de que todas las empresas revisen la información legal de sus nuevos empleados por medio del sistema federal en internet E-Verify, por lo que su agencia empezará a implementar tales requisitos sin importar lo que suceda con las disposiciones que son cuestionadas específicamente.

La directora sostiene que esa parte se apega "paso a paso" a la decisión de la Corte Suprema emitida a principios de año que ratificó a una ley de Arizona que adopta reglas para las empresas. Apoyándose en esa decisión de mayo, los legisladores de Carolina del Sur adaptaron una ley similar que habían aprobado en 2008 como parte de un paquete mayor en contra de la inmigración ilegal que ellos mismos también habían aprobado en junio.

El senador del estado Larry Martin, que ayudó a convencer a los senadores para que realizaran los cambios, dijo que cree que sin esos ajustes las demandas también se habrían dirigido contra los requisitos para las empresas.