El ministro de Trabajo Carlos Lupi, el último alto funcionario brasileño en enfrentar cargos de corrupción, rechazó el martes las denuncias en su contra y descartó abandonar su cargo.

Lupi incluso pidió derecho de respuesta a la revista Veja, que el sábado publicó que organizaciones no gubernamentales pagaban sobornos de 5% a 15% del valor de sus contratos con el Ministerio de Trabajo a cambio de la liberación de recursos.

"Quien denunció a las instituciones (no gubernamentales) a la policía federal fui yo como ministro. La policía entró en el caso después de que nosotros paramos los pagos" por los contratos, dijo Lupi en conferencia de prensa.

Descartó así seguir los pasos de otros cinco ministros del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff que dejaron sus cargos en medio de denuncias de irregularidades en sus dependencias. Rousseff asumió el poder el 1 de enero.

"Para sacarme sólo derribado a bala y tiene que ser una bala pasada porque yo soy pesado", afirmó el ministro después de reunirse con dirigentes de su Partido Democrático Laborista (PDT por sus siglas en portugués).

Dos semanas atrás, el ministro de Deporte Orlando Silva renunció a su cargo presionado por denuncias de comandar un esquema de cobro de sobornos a cambio de contratos con la dependencia a su cargo.

Previamente habían renunciado en medio de acusaciones de irregularidades los ministros de Agricultura, Wagner Rossi; Turismo, Pedro Novaes; Transporte, Alfredo Nascimento, y el jefe de gabinete Antonio Palocci.

Sin embargo, el Procurador General de la República, Roberto Gurgel, dijo el martes a periodistas que no ve indicios de delito de parte de Lupi en las denuncias en su contra.

Lupi expresó su intención de ir al Congreso para dar su versión sobre las denuncias.