La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) pidió al Gobierno colombiano protección para un exparamilitar y un empleado de antigua finca familiar del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), que le vincularon con un bloque de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El director de la División de las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, le hizo esta petición al ministro de Justicia de Colombia, Juan Carlos Esguerra, a través de una carta que también envió a la fiscal general de Colombia, Viviane Morales, y al representante a la Cámara Iván Cepeda.

El pasado 7 de septiembre Cepeda le entregó a Morales una entrevista grabada el pasado 19 de agosto en la prisión de Itagüí (Antioquia) con el exparamilitar Pablo Hernán Sierra García, alias "Alberto Guerrero", en la que acusó a Uribe de ser el fundador de un bloque de las AUC en la década de los noventa.

Además de al expresidente, Sierra García citó a otros ganaderos y al propio hermano de Uribe, Santiago, y relató varios supuestos hechos delictivos que tuvieron lugar en esas fechas.

Sierra García aseguró que uno de los trabajadores de la finca familiar de Guacharacas e hijo del mayordomo de la finca de Uribe, Juan Monsalve, atestiguó todos esos presuntos delitos.

Monsalve está encarcelado por paramilitarismo y narcotráfico.

Vivanco explicó que en una misiva a la Fiscalía Monsalve "denunció ante la Fiscalía que familiares suyos habían recibido una amenaza de muerte telefónica".

Asimismo, le pidió al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec, estatal) que garantice la seguridad de Monsalve y Sierra García "mientras las autoridades investigan estas denuncias de manera inmediata y activa".