El presidente peruano, Ollanta Humala, cumple hoy cien días en el gobierno avalado por el empresariado, que saludó sus señales de estabilidad económica, y atormentado por las críticas a su entorno político, que le han traído más de una piedra en el camino.

El nacionalista Humala disolvió los temores que generó en el sector económico con su elección, al nombrar a un tecnócrata (el viceministro de Hacienda del gobierno anterior, Luis Castilla) en el difícil puesto del ministerio de Economía y Finanzas.

Junto a Castilla, el mandatario decidió mantener en su puesto al titular del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, para dar garantía de un estricto control de la política monetaria en el país.

El jefe de Estado recibió un Producto Interno Bruto (PIB) creciendo al ritmo de 8 % en el 2010 y con proyecciones para mantener el alza a un nivel de 6 % en este año.

Consultado por la prensa, el presidente de la Conferedación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Humberto Speziani, dijo que el balance de los primeros cien días de Humala ha sido "definitivamente positivo" y que las acciones de sus ministros y del titular del BCR van por ese camino.

Speziani agregó que una prueba de las buenas relaciones del gobierno con el empresariado es el acuerdo al que se llegó con los mineros para que den un aporte adicional de 3.000 millones de dólares anuales al Estado.

El economista Alejandro Indacochea destacó igualmente la rapidez de ese acuerdo, que era una promesa electoral de Humala, pero expresó su preocupación por el alto número de conflictos sociales, más de 200, que debe resolver el Ejecutivo en controversias medioambientales.

En declaraciones a Radio Programas del Perú, Indacochea dijo hoy que el presidente y sus ministros suelen dar mensajes diferentes sobre un mismo tema, lo cual refleja falta de coherencia e incluso su bancada parlamentaria actúa en contra de sus propios intereses.

A la par de las críticas lanzadas contra varios de sus ministros que han puesto en el tapete temas como una amnistía general para violadores de los derechos humanos, algunos congresistas del oficialismo integran un listado de parlamentarios denunciados por tener procesos judiciales en marcha por distintos casos de presunta corrupción u otras irregularidades.

De la misma forma que actuó ante las críticas contra sus ministros, es decir, sin declarar al respecto, Humala dejó que los congresistas Celia Anicama, apodada como la "robacable" por supuestamente vender ilegalmente el servicio de cable, y Eulogio Romero, apodado "comeoro" por las acusaciones de recibir pagos en oro de la extracción ilegal de ese metal, se defiendan solos y afronten la investigación del Congreso.

Sin embargo, como reconoció el jefe del gabinete ministerial, Salomón Lerner, las denuncias por presunto tráfico de influencias contra el segundo vicepresidente de la República, Omar Chehade, se han convertido es "una piedra en el camino" de Humala.

Chehade, abogado de profesión, es investigado por la Fiscalía de la Nación y la comisión de Ética del Congreso después de haber sido acusado de coordinar el desalojo de los trabajadores de la empresa azucarera Andahuasi, que la administran por orden judicial, para entregar el control de la compañía al poderoso grupo Wong, otro de los accionistas.

Humala se ha visto forzado a declarar sobre este tema y reiterado su respaldo a las investigaciones contra Chehade, quien a su vez ha negado haber intentado una acción a favor de Wong, a pesar de las declaraciones de varios testigos.

Sin embargo, Chehade, que es también legislador, sigue en su puesto y también aparecen en la prensa más casos en los que presuntamente habría actuado para favorecer a terceros.

Esta semana Humala reiteró en una presentación pública que su gobierno debe "combatir la corrupción y las prácticas malsanas", que han impedido el desarrollo en el país.

El mandatario está convencido de que el problema principal del país es la desigualdad en la distribución de los ingresos y, por ese motivo, ha puesto como tema primordial el combate a la corrupción y dar políticas de Estado que promuevan la inclusión social.