La Procuraduría General informó el jueves que dos importantes ex funcionarias de la policía secreta fueron inhabilitadas para ocupar cargos públicos por más de 10 años debido a su participación en una red de espionaje a magistrados, políticos y opositores del gobierno del ex presidente Alvaro Uribe.

Una de las sancionadas, a 15 años, es Martha Inés Leal, ex subdirectora de operaciones de la Dirección General de Inteligencia del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) o la policía secreta, dijo la Procuraduría General en un comunicado en su página de internet.

En Colombia, la Procuraduría investiga disciplinariamente a los funcionarios públicos y sus sanciones pueden llegar hasta la destitución del cargo. La investigación penal corre por cuenta de la Fiscalía y los jueces.

La otra, sancionada a 10 años, es Teresa Guzmán, ex coordinadora del grupo de desarrollo tecnológico de la Dirección General de Inteligencia del DAS.

Entre los afectados con los seguimientos ilegales, entre 2004 y 2008, según la Procuraduría, figuran el alcalde electo de Bogotá Gustavo Petro, la destituida congresista Piedad Córdoba y el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia César Julio Valencia.

"Se concluyó que existió por parte de los disciplinados sancionados responsabilidad en los hechos irregulares que vulneraron el derecho a la intimidad de varias personas y la legalidad de procedimientos de inteligencia que debían contar con autorización judicial", precisó la Procuraduría.

Tanto Leal como Guzmán incurrieron, según la Procuraduría, en faltas "gravísimas".

La Fiscalía investiga los mismos hechos en el ámbito penal. A la fecha, al menos 16 personas se encuentran detenidas, entre ellas Leal, quien aún aguarda un fallo final en su caso por parte de un juzgado de Bogotá.

El escándalo de espionaje fue denunciado por la prensa colombiana en febrero de 2009, y al menos un importante funcionario del ex presidente Uribe (2002-2010), el ex secretario general Bernardo Moreno, se encuentra en prisión mientras se le enjuicia por su presunta responsabilidad en el caso.

Por el escándalo del espionaje, entre otros que han aquejado al DAS desde hace años, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ordenó su cierre el lunes pasado.

El gobierno de Santos espera esta misma semana crear una nueva agencia de inteligencia mucho más pequeña que el DAS y sin atribuciones como el control migratorio y suministrar guardaespaldas a políticos, por ejemplo.

Una comisión del Congreso investiga preliminarmente por los mismos hechos de espionaje a Uribe, contra quien por ahora no hay una averiguación formal.

Uribe ha dicho que si hubo ilícitos en el DAS, fueron cometidos por funcionarios corruptos de esa entidad que dependía directamente de la Presidencia de la República.