El gobierno chileno indicó el jueves que por el momento no considera realizar privatizaciones para conseguir mayores recursos para destinar a la educación, como una forma de destrabar el prolongado conflicto estudiantil.

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y el vocero oficial Andrés Chadwick, salieron así al cruce de las declaraciones del ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, quien el miércoles había admitido la posibilidad de vender bienes estatales para obtener mayores fondos para financiar al sector educativo. "No es descartable, ese instrumento también se considera", había dicho el ministro.

"Nosotros tenemos la obligación de evaluar todos los mecanismos de financiamiento y en este momento no está considerada la venta de algún activo específico", dijo Larraín al ser interrogado al respecto en el Congreso por legisladores opositores.

Chadwick, por su parte, aseguró que "tenemos totalmente descartada la venta de activos" fiscales.

Las presuntas privatizaciones, que permitirían incrementar de 40% a 60% las becas para los estudiantes de menores recursos, habían recibido el cerrado rechazo de la oposición centroizquierdista.

"Me parece escandaloso que el gobierno privatice otras empresas del Estado para financiar la educación pública", expresó el senador Ricardo Lagos Weber.

Su colega demócrata cristiano Jorge Pizarro fue aún más drástico. "Es inaceptable empezar a chantajear con vender activos del Estado para financiar la reforma educacional", afirmó.

Los opositores y sobre todo los estudiantes plantean que los mayores recursos que se requieren para implementar la educación gratuita, uno de los puntos centrales de sus demandas junto con el fin del lucro en los establecimientos que reciben aportes estatales, se pueden obtener con una reforma tributaria. Algunos empresarios también han sostenido la conveniencia de una reforma impositiva a la que el gobierno se opone.

Pero las organizaciones gremiales empresariales rechazan una reforma en que los sectores de mayores recursos y las empresas vean aumentados sus tributos.

La noche del miércoles, en una cena a la que asistió el presidente Sebastián Piñera, el titular de la empresarial Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) Andrés Concha, dijo que "no faltan quienes, con una mirada muy simplista, señalan que una reforma tributaria es el precio a pagar para comprar paz social, dando por hecho de que ello no afectará el crecimiento".

Agregó que "discrepamos profundamente de esa visión".

La oposición descartó también la propuesta del gobierno de un compromiso para aprobar en el Congreso el presupuesto de la nación, que debe quedar resuelto a fines de este mes, a cambio de aumentar los recursos para la educación.

Los legisladores opositores defendieron su facultad para revisar y rechazar algunas partidas del presupuesto que le merecen reparos. La oposición controla el Senado, mientras que la Cámara de Diputados es dominada por el oficialismo. En caso de no llegar a acuerdo en algunas de esas cámaras se deberá recurrir a una comisión mixta legislativa.

Mientras tanto, el conflicto estudiantil iniciado en mayo, que mantiene semiparalizadas muchas universidades y algunos colegios de enseñanza media, se encuentra en un callejón sin salida.

El gobierno ha apostado por una solución en el Congreso luego de que el mes pasado fracasó una mesa de diálogo con los estudiantes y maestros. En esa oportunidad el gobierno no estuvo dispuesto a ceder a la exigencia estudiantil de avanzar hacia la gratuidad y aseguró que en cuanto al lucro sólo estaba dispuesto a controlarlo.

El vocero de los estudiantes de la Universidad de Chile, Cristóbal Lagos, dijo el jueves a la televisión estatal que "el gobierno no ha dado señales de querer avanzar en reformas" y que continuarán las protestas.

Los estudiantes anunciaron que el domingo efectuarán una marcha por el centro capitalino.