El niño de 8 años fue encontrado en su cama, sangrando por un golpe fatal en la cabeza. Su vivienda en una comunidad costera cercada no mostraba señales aparentes de que alguien hubiera forzado el cerrojo. De hecho, al menos cinco personas estaban en la casa cuando el pequeño resultó herido.

Unos 20 meses después no ha habido arrestos en un caso que la policía clasificó como un homicidio. La madre del niño y su abuela materna afirman entre lágrimas que la policía manejó mal la evidencia, no aseguró la escena del crimen ni interrogó apropiadamente a los sospechosos.

Aunque el caso se ha convertido en una sensación en los medios de prensa la isla, se trata de sólo uno más de un creciente número de asesinatos no resueltos durante las últimas dos décadas. Al mismo tiempo, Puerto Rico está en camino de establecer un número récord de asesinatos este año con una tasa de homicidios cuatro veces más grande que la de Estados Unidos, del que es un territorio libre asociado.

Todo eso ha provocado la indignación pública sobre lo que muchos perciben como ineficacia de la policía frente a la creciente delincuencia, y gran parte de la ira en Puerto Rico se ha concentrado en la inexplicable muerte del niño, Lorenzo González. Ha sido objeto de vigilias con velas, páginas de apoyo en Facebook y un programa de chismes local que toca detalles del caso casi todos los días.

Yvette González, abuela del niño asesinado, dijo que la policía sencillamente parece incapaz de resolver el caso.

"Es bien desalentador, porque según va pasando el tiempo, nos damos cuenta que las autoridades no tienen ni los medios ni las destrezas para investigar a fondo un caso," dijo.

Carlos Sánchez, el abogado de Ahmed Alí González, el padre del niño, dijo que los homicidios asuelan la isla.

"Ciertamente es una cosa alarmante lo que estamos viendo aquí en Puerto Rico", dijo Sánchez.

Un estudio reciente del Departamento de Justicia federal encontró que la policía arresta a sospechosos por únicamente el 43% de los homicidios de la isla, lo que la convierte en la única jurisdicción de Estados Unidos donde menos de la mitad de todos los asesinatos derivan en un arresto. La tasa de arrestos por homicidio en Puerto Rico ha caído en picada desde que alcanzó el 60% al final de la década de 1980 y principios de la de 1990.

El promedio nacional en Estados Unidos se ubica en 66%, según el informe federal, que acusa la policía puertorriqueña de incompetencia, corrupción y violaciones generalizadas de los derechos civiles, y de provocar lesiones a cientos de personas e incluso algunas muertes. También se le atribuye registros y confiscaciones ilegales.

El gobernador Luis Fortuño y otros funcionarios han dicho que la isla está atendiendo muchas de las 130 recomendaciones del informe federal, como ofrecer entrenamiento policial adicional y comprar grabadoras y cámaras digitales para acelerar las investigaciones. Pero el número de víctimas de homicidios sin resolver continúa creciendo.

Los casos abiertos en los últimos meses incluyen el de Maurice J. Spagnoletti, un ejecutivo de 57 años de Nueva Jersey que había estado trabajando para el segundo banco más grande de Puerto Rico por menos de seis meses. Le dispararon varias veces en junio cuando estaba en medio del tráfico en una de las calles más transitadas de San Juan, la capital de la isla.

En un principio la policía ofreció varias teorías acerca de la balacera y consultó al FBI, pero no ha hecho ningún arresto.

Otros homicidios sin resolver incluyen, el de una agente hipotecaria, ex presidenta de una asociación del sector inmobiliario, que fue asesinada a balazos en su camioneta. Dos conocidos jugadores de vóleibol también fueron asesinados en su auto frente a un bar a principios de septiembre.

Aunque los detalles sobre los casos de más alto perfil siguen siendo confusos, la mayoría de los asesinatos en la isla están relacionados con pandillas que pelean por el control de la distribución de drogas en los complejos de viviendas públicas o con el narcotráfico internacional.

El Secretario de Estado Kenneth McClintock, puesto que equivale en la isla a un vicegobernador, dijo que eso ayuda a explicar por qué la tasa de homicidios de Puerto Rico alcanzó 22,5 por cada 100.000 habitantes en 2009, superior a cualquier estado de Estados Unidos, según el informe federal.

Con más de 936 personas asesinadas en lo que va del año, Puerto Rico está en camino de romper su récord anual de 995 homicidios en 1995.

McClintock dijo que los recortes presupuestarios en las fuerzas del orden se han traducido en menos pericia policial y menores recursos para resolver los casos. Por ejemplo, la reducción de personal significa que los cadetes están menos tiempo en las academias por la presión para salir rápidamente a las calles.

El departamento de policía de la isla ha enfrentado dificultades para comprar artículos debido a recortes en el presupuesto, al tiempo que también se responsabiliza del aumento en la delincuencia a una caída en los fondos federales y una menor presencia de agentes de Estados Unidos, dijo McClintock. Los funcionarios están invirtiendo más dinero para reforzar los presupuestos de seguridad pública.

"Hemos ido asignando recursos adicionales para que se puedan recopilar más y mejores evidencias", dijo.

La baja tasa de arrestos da inicio a un círculo vicioso, ya que los testigos dudan de hablar con la policía porque están muy temerosos de represalias en una isla relativamente pequeña, donde la policía parece incapaz de resolver los crímenes.

"Un gran problema es la desconfianza del país en el sistema", dijo Dora Nevares-Muñiz, una criminóloga y profesora de Derecho en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. "Muchas veces el testigo no quiere hablar".

Puerto Rico ha recurrido a ayuda externa, como Robert Warshaw, un ex jefe de policía y director asociado de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, quien asesora a la isla.

Fortuño también nombró a un general jubilado de la Guardia Nacional, Emilio Díaz Colón, para reemplazar al jefe de policía de la isla, quien renunció en julio debido al aumento de la delincuencia. Colón se negó a hacer comentarios a través de una portavoz. Otros funcionarios de alto rango contactados remitieron todas las preguntas a Colón.

Poco después de que se conoció el informe del Departamento de Justicia, el gobernador anunció que una fuerza de tarea conjunta investigaría algunos delitos violentos como casos federales, lo que traería recursos y experiencia adicionales.

El mismo día del anuncio, Ana Cacho, madre de Lorenzo González, instó al nuevo grupo de trabajo a investigar el asesinato de su hijo. Hasta ahora, la policía la considera una de las principales sospechosas, y las autoridades le han prohibido ver o comunicarse con sus dos hijas.

Su padre, Carlos Cacho, recientemente entregó a Fortuño un sobre con información sobre el caso. Fortuño declinó hacer más comentarios, salvo para decir que transmitió el contenido al secretario de Justicia, Guillermo Somoza, quien ha reiterado que la investigación está en curso.

Somoza dijo esta semana que un amigo de la familia que estaba en la casa con Cacho el día de la muerte del niño es considerado un sospechoso. El abogado del hombre ha negado que su cliente estuviera allí.

A pesar del nuevo anuncio, la abuela materna del niño duda que el caso sea resuelto.

Yvette González acusó a los investigadores de retener evidencias y de ignorar indicios de que un desconocido irrumpió en la casa.

"A la pérdida tan horrible de un niño tan amado se suma la desilusión con un sistema como hemos visto operar," dijo la abuela. "Tu pierdes la esperanza".