El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, firmó hoy el decreto por el que se elimina el organismo de inteligencia estatal, una cuestionada agencia infiltrada por el paramilitarismo y acusada de hacer seguimientos ilegales a políticos opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.

Santos señaló a periodistas que las funciones que cumplía el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, que dependía directamente de la Presidencia) las asumirán otras entidades del Estado.

"El caso del DAS no es de una transformación, no es una reforma; el caso del DAS es una liquidación, se suprime el DAS"", remarcó Santos.

La parte relacionada con inmigración, que era una de sus tareas, pasa al Ministerio de Relaciones Exteriores, que "va a ser la entidad responsable para toda la política y todo el esquema de inmigración del país", dijo Santos.

La protección de personajes de la vida nacional, otra de sus funciones hasta ahora, pasará al Ministerio del Interior.

Gradualmente, los funcionarios que hacían parte del DAS serán reubicados en otras entidades del Estado, anunció Santos.

Al referirse a los documentos secretos que reposan en los archivos de la liquidada entidad, estos se mantendrán, señaló Santos, y explicó que se ha llegado a un acuerdo con la Procuraduría General "para ir depurando esos archivos, de forma tal que garantice la idoneidad y el secreto" de los mismos.

Tras la liquidación del DAS, que estuvo en servicio 58 años, se creó la Agencia Nacional de Inteligencia Colombiana (Anic).

La central de inteligencia de Colombia ha sido en los últimos años centro de escándalos por acciones ilegales que desde allí se realizaron, la mayoría de ellos en los Gobiernos del ahora expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

Entre ellos se cuentan seguimientos e interceptaciones telefónicas a políticos opositores, defensores de derechos humanos, periodistas e incluso personalidades del exterior.

En septiembre pasado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) condenó a 25 años de prisión al exdirector del DAS Jorge Noguera Cotes, quien fue acusado de por un subalterno de haber puesto el organismo al servicio de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización que se disolvió en 2002 con el desarme de más de 31.000 paramilitares, dentro de un diálogo de paz con el Ejecutivo.

Hasta el momento, al menos una docena de funcionarios o exfuncionarios del DAS han sido procesados o condenados por su responsabilidad en los supuestos espionajes, incluida María del Pilar Hurtado, quien lo dirigió de 2007 a 2008 y quien recibió asilo en Panamá en 2010.