La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) convocó una audiencia para el próximo 23 de noviembre con el fin de recibir información sobre el supuesto pago de indemnizaciones a falsas víctimas de una masacre cometida en Colombia en 1997 y por la que el Estado colombiano fue condenado.

El caso de la masacre de Mapiripán, localidad ubicada en los Llanos Orientales de Colombia, fue resuelto en 2005 por la CorteIDH, que le ordenó al Estado el pago de indemnizaciones a los familiares de las víctimas; no obstante, en las últimas semanas se denunció que presuntamente se han hecho pagos a personas que no fueron afectadas.

"Según ha conocido la Corte, se ha publicado en la prensa nacional colombiana información sobre personas que, según esa versión, fueron declaradas víctimas de la Masacre de Mapiripán sin serlo y habrían recibido indemnizaciones por parte del Estado en acatamiento de lo dispuesto en la sentencia dictada en este caso", indica una resolución del tribunal publicada hoy en su sitio en internet.

"Ante la información publicada en prensa, en cuanto a que en aplicación de esta sentencia se habrían realizado pagos de forma aparentemente inapropiada a favor de personas que no serían víctimas de la masacre de Mapiripán, corresponde aclarar la situación y que la Corte reciba información precisa y completa por parte del Estado y las observaciones respectivas de la Comisión Interamericana y los representantes de las víctimas", añade el texto.

Por orden de la CorteIDH, con sede en San José (Costa Rica), los representantes del Estado colombiano, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de las víctimas y sus familiares deberán presentarse a una audiencia privada en la que los jueces conocerán los detalles de lo sucedido.

La masacre de Mapiripán fue protagonizada por paramilitares, que asesinaron supuestamente a unas 50 personas y obligaron a desplazarse a otras 60 en la localidad del mismo nombre

Sin embargo, a finales de octubre pasado, tras las denuncias, una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá pidió a la Fiscalía colombiana establecer la cifra real de víctimas de ese crimen.

La misma magistrada solicitó también al Ministerio de Defensa que suspendiera los pagos a los afectados por la matanza.

La fiscal general, Viviane Morales, anunció, por su parte, la apertura de una investigación a personas "que se hicieron pasar como víctimas", además de a los abogados que las representaron, con el fin de verificar cómo y cuándo "se distorsionó la verdad".