La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó a una audiencia para obtener datos sobre versiones en torno al pago de indemnizaciones a personas que no fueron víctimas de una masacre cometida en Colombia en 1997 a manos de paramilitares y por la cual el Estado colombiano fue condenado.

El presidente de la CIDH, el peruano Diego García Sayán, hizo la convocatoria para el 23 de noviembre en la sede de ese tribunal en San José, a fin de que acudan representantes del Estado colombiano, de las víctimas y sus familiares, así como miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La audiencia es "con el propósito de que la Corte obtenga información detallada y documentada por parte del Estado (colombiano) sobre el cumplimiento de los pagos ordenados (por la misma Corte)... en particular sobre pagos que podrían haber sido realizados a quienes no tienen la condición real de víctimas y escuche las observaciones de la Comisión y de los representantes al respecto", dijo García Sayán en un comunicado del 31 de octubre divulgado en la página de internet del alto tribunal.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, recibió en 1999 una denuncia de un grupo no gubernamental de Colombia y tras analizar el caso lo elevó a la CIDH, que en 2005 condenó al estado colombiano por la masacre ocurrida en julio del 1997 en el pueblo de Mapiripán, en el departamento de Meta, a 300 kilómetros al sureste de Bogotá.

La Corte condenó a Colombia al considerar que en ese caso de la masacre se "violó en perjuicio de cierto número de víctimas que el propio Estado mencionó como 'aproximadamente 49'... los derechos a la libertad personal, a la integridad personal y a la vida".

La CIDH ordenó el pago de 80.000 dólares como compensación "para las aproximadamente 49 víctimas reconocidas por el Estado como ejecutadas o desaparecidas".

Las indemnizaciones fueron pagadas, según han dicho abogados de las víctimas.

El debate sobre el número de personas asesinadas a manos de paramilitares en Mapiripán se reabrió la semana pasada porque una fiscal dijo que por nuevos testimonios de paramilitares desmovilizados y tras cruzar datos de las víctimas, al menos uno de los parientes de tres personas supuestamente muertas admitieron en una audiencia judicial pública y más tarde ante diversos medios de comunicación que sus seres queridos o están vivos o habían muerto antes de la matanza.

La Fiscalía General ha dicho que los nuevos datos indican que en la masacre fueron asesinadas seis personas, otras cuatro siguen desaparecidas, tres fueron secuestradas y 68 personas fueron desplazadas.

La CIDH indicó la víspera en un comunicado que fue el propio Estado colombiano el que a lo largo del proceso "reconoció expresamente los hechos" de la matanza y sus víctimas y que "durante casi una década, el Estado colombiano tuvo conocimiento de la determinación de estas personas como víctimas de la masacre de Mapiripán y en ningún momento la cuestionó".

La Contraloría General de Colombia ha dicho que investigará el papel de abogados oficiales en esas instancias internacionales en el caso de la masacre.