La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reaccionó el lunes a las críticas lanzadas por Colombia por el caso de una masacre cometida por paramilitares en 1997 y en la que al menos una persona que se había declarado víctima admitió que tres parientes, presentados como víctimas en el hecho, murieron o antes de la matanza o están vivos.

La CIDH expresó en un comunicado de prensa que fue el propio estado de Colombia el que a lo largo del proceso "reconoció expresamente los hechos" de la matanza y sus víctimas.

"Durante casi una década, el Estado colombiano tuvo conocimiento de la determinación de estas personas como víctimas de la masacre de Mapiripán y en ningún momento la cuestionó", dijo la Comisión en el documento fechado en Washington, donde tiene su sede.

La semana pasada el presidente Juan Manuel Santos dijo que constituía un fraude y una burla al sistema interamericano las revelaciones de presuntas víctimas abarcadas en la sentencia condenatoria contra el Estado la había proferido la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Comisión, con sede en Washington, recibió en 1999 una denuncia de un grupo no gubernamental colombiano y tras analizar lo acontecido elevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en 2005 condenó al estado colombiano por la masacre ocurrida en julio del 1997 en el pueblo de Mapiripán, en el departamento de Meta y 300 kilómetros al sureste de Bogotá.

En su fallo, la Corte, asentada en Costa Rica, condenó al Estado colombiano porque en el caso de la masacre se "violó en perjuicio de cierto número de víctimas que el propio Estado mencionó como 'aproximadamente 49'...los derechos a la libertad personal, a la integridad personal y a la vida", según el texto de la decisión de ese alto tribunal.

El debate sobre el número de personas asesinadas a manos de paramilitares en Mapiripán se reabrió la semana pasada porque una fiscal dijo que por nuevos testimonios de paramilitares desmovilizados y tras cruzar datos de las víctimas, al menos uno de los parientes de personas supuestamente muertas admitieron en audiencia pública y más tarde antes diversos medios de comunicación que sus seres queridos o están vivos o habían muerto antes de la matanza.

La Fiscalía General ha dicho que los nuevos datos indican que en la masacre fueron asesinadas seis personas, otras cuatro siguen desaparecidas, tres fueron secuestradas y 68 personas fueron desplazadas.

En su fallo, la Corte Interamericana ordenó entre otras compensaciones "para las aproximadamente 49 víctimas reconocidas por el Estado como ejecutadas o desaparecidas, ya sea individualizadas o por individualizar" el pago de 80.000 dólares. Las indemnizaciones fueron pagadas, según han dicho abogados de las víctimas.

"Los presuntos fraudes que puedan existir en este u otros casos deben ser debidamente investigados por el Estado colombiano", añadió la Comisión al defender su rol en el proceso.

Ya el Ministerio de Justicia colombiano y la Contraloría ha dicho que investigará el papel de abogados oficiales en esas instancias internacionales en el caso de la masacre.