El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, consideró hoy que la mayor amenaza para las elecciones locales y regionales que se celebran mañana en el país andino es la corrupción "desbordada".

"La mayor amenaza, y que echa un manto de duda sobre nuestro sistema político y democrático, es la corrupción. Está desbordada. Está en el primer lugar de los temas que se deben afrontar con una absoluta decisión", dijo Ordóñez en una entrevista publicada este sábado por el diario colombiano El Tiempo.

El titular de la Procuraduría (Ministerio Público) argumentó que "muchas campañas" están financiadas a través de actividades ilícitas y subrayó el aumento de casos de trashumancia electoral (registros en lugares diferentes al de residencia) hasta el punto de haber tenido que anular 700.000 inscripciones.

Detrás del respaldo económico a estas campañas están, según el procurador, "todas las organizaciones al margen de la ley, llámense bacrim (bandas criminales), guerrilla o autodefensas", que se sirven de la que según Ordóñez es su mayor fuente de ingresos: la minería ilegal.

"En más de 400 municipios del país (de los 1.103 existentes) eso está pasando", agregó.

Asimismo, advirtió que "hay funcionarios a los que no les interesa mantener el pudor y pretenden, como sea, garantizar la sucesión de sus cargos".

Ordóñez puso el ejemplo de un municipio de sexta categoría en el que el alcalde gana un poco más de 2 millones de pesos (1.073 dólares) y las campañas electorales de los candidatos cuestan más de 300 millones de pesos (unos 161.025 dólares).

"¿Quién termina financiándolas? ¿A quién le interesa? Hay toda una amenaza que va desde los contratistas, ellos financian hoy para contratar mañana, hasta las organizaciones al margen de la ley", sostuvo.

La Procuraduría en Colombia tiene la potestad de sancionar a los empleados públicos que incurran en irregularidades, y en cuanto al fraude electoral según Ordóñez, se han recibido hasta la fecha 715 denuncias contra funcionarios.

Esos reclamos han propiciado el inicio de 16 procesos disciplinarios en contra de alcaldes y representantes de personerías por registrar como residentes con derecho al voto a ciudadanos que viven en otros municipios, en los que deberían sufragar.

Asimismo, hay dos investigaciones en curso contra trabajadores de la organización electoral en Soledad (departamento de Atlántico, norte) y Yopal (Casanare, este), por conformar y designar jurados de votación de manera irregular.

Por otro lado, Ordóñez también señaló como riesgo electoral los hechos de violencia que se han venido dando en el país que, según la organización no gubernamental Movimiento de la Organización Electoral (MOE), han acabado con la vida de 41 candidatos y amenazado a otros 88 durante la campaña.

Más de 360.000 militares y policías han sido desplegados por el territorio colombiano para garantizar que los comicios se celebren en los 1.103 municipios de los 32 departamentos del país.

Unos 30,78 millones de colombianos están convocados a estas elecciones que designarán a 1.103 alcaldes, 32 gobernadores, 12.603 concejales, 418 diputados (legisladores regionales) y 4.627 ediles de juntas administradoras locales (JAL).