La reforma a la ley de arrendamientos inmobiliarios, que aprobó en la víspera el congreso, desató preocupación entre los empresarios.

Mientras estos denunciaron que atenta contra la propiedad privada, el gobierno saludó la nueva regulación asegurando que beneficia a los sectores pobres del país.

Las principales organizaciones de empresarios del sector inmobiliario rechazaron el viernes la reforma legal, y anunciaron que acudirán al Tribunal Supremo de Justicia y a instancias internacionales para denunciar la ley.

La Asamblea Nacional, integrada en su mayoría por aliados del gobierno, aprobó el jueves la reforma a la ley de arrendamientos inmobiliarios que extrema los controles sobre los alquileres, ordena la venta de los inmuebles arrendados, y amplía las sanciones que recaen en gran medida sobre los propietarios.

Al defender la nueva regulación, el mandatario Hugo Chávez dijo el jueves a la televisora estatal que la normativa se sumará al grueso grupo de leyes socialistas redactadas para "beneficio de las mayorías".

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, declaró el viernes a la prensa que la nueva regulación representa "la muerte del arrendamiento" y "la agonía de la propiedad privada" en Venezuela.

Martini se quejó de las millonarias sanciones que se establecieron a los arrendadores que violen al ley, que oscilan entre unos 883 y 7.000 dólares, y la norma que obliga a los propietarios a ofertar las viviendas a los inquilinos que tengan más de 20 años arrendados.

"Nadie invertirá sus ahorros en una vivienda para arrendar ni se construirán nuevas viviendas para alquilar", agregó el dirigente empresarial.

El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, Roberto Orta, dijo al diario El Universal que los empresarios presentarán ante el Tribunal Supremo de Justicia una solicitud de nulidad de la reforma legal y que acudirán a instancias internacionales para denunciar la legislación.

El diputado oficialista Diosdado Cabello desestimó las críticas contra la reforma, y dijo el jueves que la normativa velará por los inquilinos, a los que consideró los "débiles jurídicos", y protegerá a los propietarios de los "mala paga".

"Esta ley trata de poner la justicia al nivel del más necesitado", indicó Cabello al asegurar que entre los beneficiados estarán unas 750.000 familias que viven alquiladas en Venezuela, según reseñó la Asamblea Nacional en un comunicado de prensa.

El oficialismo impulsó la reforma legal en el congreso como parte de las acciones que está desarrollando el gobierno para hacer frente al grave problema del déficit de vivienda, que se calcula en más de dos millones de unidades habitacionales.