El comisionado Paulo Sergio Pinheiro calificó como "deplorable" el control que las autoridades chilenas han realizado de las protestas estudiantiles durante los últimos seis meses.

Durante una audiencia sobre el respeto a los derechos humanos durante las manifestaciones, Pinheiro dijo que claramente "hubo un claro uso de desproporcionalidad de la fuerza. Estoy hablando solamente sobre los casos que involucraron a niños y adolescentes. Creo que el gobierno admitió eso cuando abrió el diálogo".

Pinheiro, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Chile, exhortó a los representantes del Estado a reformar el decreto 1086 que fue emitido en 1983 para regular las protestas, y a reducir la jurisdicción de los tribunales militares. "Es tiempo de que un continente democrático los tribunales militares no consideren cuestiones relacionadas a los delitos civiles".

El director de derechos humanos de la cancillería chilena, Miguel Angel González, pidió a la CIDH un podo de paciencia porque "el tema de los derechos humanos requiere un cambio cultural, que no se da de la noche a la mañana. El Estado ha hecho un esfuerzo".

Señaló que el Estado trabaja en un proyecto de ley para que el código penal militar, recientemente modificado, cumpla con estándares internacionales.

Los estudiantes de secundaria y universitarios iniciaron su rebelión hace seis meses y cuentan con un apoyo ciudadano que bordea el 80%, según coincidentes encuestas, mientras la popularidad del presidente Sebastián Piñera bajó y oscila entre el 20 y el 30%.

Además de una educación gratuita y de calidad, los estudiantes demandan el fin del lucro en las universidades privadas que reciben aportes del Estado y que la administración de las escuelas secundarias vuelva a manos del Ministerio de Educación.

El Congreso de Chile debe pronunciarse sobre la ley del presupuesto 2012 antes del 30 de noviembre. El movimiento estudiantil considera insuficiente las partidas para educación.

El mayor de carabineros Heriberto Navarro señaló que ese cuerpo actúa siempre apegado a las leyes vigentes, señaló que hasta septiembre 779 efectivos han resultado lesionados, y que han recibido 35 reclamos, cinco de los cuales han concluido en baja administrativa.

Representantes del movimiento estudiantil acusaron al Estado chileno de incurrir en "graves violaciones" a los derechos humanos al "criminalizar" las manifestaciones.

Italo Jaque, representante del Programa Asesoría Ciudadana Instituto Igualdad, se quejó de que todas las denuncias contra carabineros actualmente son conocidas por juzgados militares, y no por tribunales penales ordinarios.

Otro representante de ese grupo, Branislav Marelic, dijo que "los Carabineros y el Estado no ven a los manifestantes como sujetos de protección, sino que los ve como una amenaza, y procede en conformidad".

Los denunciantes, quienes solicitaron la suspensión inmediata de la represión a las manifestaciones y la visita de una misión de la CIDH, entregaron un informe que incluyó 120 testimonios de violencia. Dijeron representar a la Confederación de Estudiantes de Chile.

González negó enfáticamente que haya una política deliberada para reprimir manifestaciones y dijo que durante el 2011 han protestado cerca de dos millones de personas, de las cuales han sido detenidas apenas 13.000.

"No existe en Chile ninguna posibilidad de que las fuerzas públicas actúen violentamente por iniciativa propia. No puede haber represión de actos pacíficos, hay intervención de policía cuando se desata la violencia", dijo.

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Luis Alonso Lugo está en Twitter como @luisalonsolugo