La Corte Suprema rechazó el viernes las advertencias del gobierno en el sentido de que considerará los antecedentes judiciales de los jueces a la hora de aprobar sus ascensos.

"El mérito o contenido de las resoluciones jurisdiccionales no son factores que puedan ser considerados en la formación de las ternas que se confeccionen para el nombramiento de los jueces", sostuvo el máximo tribunal en una declaración.

El malestar judicial, que ya había sido expresado hace una semana por el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, y por el presidente de la asociación de magistrados, Leopoldo Llanos, se hizo público luego de que este viernes el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, dijera que su crítica no fue "un error o algo impensado".

Ribera confirmó así su advertencia de que en los futuros ascensos de los jueces considerará los antecedentes de los magistrados. El gobierno los acusa de liberar apresuradamente a detenidos durante las protestas estudiantiles, pese a que algunos de ellos han sido acusados de portar bombas incendiarias, cometer saqueos o atacar a policías.

Las críticas oficiales fueron reiteradas además por el propio presidente Sebastián Piñera y por el vocero oficial, Andrés Chadwick.

El máximo tribunal señaló que "ninguna persona está autorizada para interferir en las determinaciones de los jueces".

Añadió que "con total firmeza, de manera categórica y sin reserva, expresa que velará por la independencia de los jueces para adoptarlas, como también por el derecho de las partes para obtener su reforma por las vías legales".

El máximo tribunal agregó que "el Poder Judicial ha afrontado descalificaciones que ha omitido responder, por cuanto ello importaría descender a un plano que no le es propio y podría interpretarse como una limitación o desaliento al ejercicio del derecho a opinar sobre los distintos temas de la vida nacional".

La corte refutó también las críticas oficiales sobre la liberalidad de los jueces para resolver detenciones preventivas. Señaló al respecto que desde la implantación de un nuevo sistema judicial en el año 2000 se han solicitado por parte del ministerio público 144.850 detenciones preventivas y que el 88,7% de ellas, correspondientes a 128.441 casos, han sido acogidas.