Una generación después que las dictaduras dieron paso a la democracia en Sudamérica, Brasil y Uruguay están comenzando a hacer lo que algunos de sus vecinos han hecho desde hace años: investigar a fondo los crímenes de lesa humanidad que empañaron su pasado.

Una comisión de "verdad y reconciliación" para investigar cuatro décadas de abusos a los derechos humanos fue aprobada en forma unánime esta semana por el Congreso brasileño. El jueves, el Congreso uruguayo revocó una amnistía que impedía juzgar a militares de la dictadura y declaró crímenes de lesa humanidad los secuestros, torturas y matanzas del régimen de facto.

"Significa un enorme paso adelante", afirmó el dramaturgo argentino-chileno Ariel Dorfman por teléfono desde Londres, donde se repone su obra "La muerte y la doncella", sobre los fracasos de la justicia en Latinoamérica. "El pasado ha acosado durante muchos años a Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, y a menos que sea bien enterrado, se convierte en un fantasma, y no se puede matar a un fantasma".

La votación del miércoles por la noche en Brasil representó un compromiso entre los líderes militares y los defensores de los derechos humanos después de años de discusiones.

Horas despues, los legisladores uruguayos hicieron lo contrario, al anular un convenio acordado hace un cuarto de siglo que brindaba amnistías para proteger tanto a la derecha como a la izquierda al restablecerse la democracia. Y el viernes, el gobierno del presidente José Mujica promulgó la ley que restituye la pretensión punitiva "para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado".

Los partidarios de los derechos humanos en ambos países esperan que sus gobiernos revelen ahora más sobre lo que realmente ocurrió, al igual que hicieron Argentina y Chile, donde cientos de funcionarios de la dictadura han sido condenados por crímenes de las "guerras sucias".

Las más recientes condenas fueron dictadas el miércoles en Argentina, donde un agente secreto de la marina conocido como "El ángel de la muerte" y otros 11 ex militares fueron sentenciados a cadena perpetua por secuestrar, torturar y asesinar detenidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, de cuyos 5.000 presos solamente sobrevivió la mitad.

Las dictaduras militares aliadas con Estados Unidos rigieron gran parte de Sudamérica en la década de 1970. Al llegar a 1976, combinaron fuerzas en la Operación Cóndor, un esfuerzo coordinado por aplastar la amenaza de la rebelión armada.

Después que cada una de las naciones retornó a la democracia en la década de 1980, los todavía poderosos militares los obligaron a aceptar compromisos incómodos como amnistías o fallos de jueces partidarios de las juntas que demoraban o rechazaban los juicios, o comisiones de la "verdad", cuyas reglas de juego dejaban insatisfechos a muchos.

Dorfman, cuyo largo exilio de Chile y Argentina comenzó con el golpe de 1973 del general chileno Augusto Pinochet, ha escrito muchas obras sobre la búsqueda de justicia después de la transición de la dictadura a la democracia.

"Hay solamente un camino al infierno pero muchos al cielo", afirmó. "Todos estos países de la Operación Cóndor que colaboraron y fueron aliados en esta lucha contra las fuerzas democráticas de sus sociedades llegan por caminos separados a hacer frente a ese pasado. Es muy alentador", dijo.

El gobierno brasileño reconoció recientemente 475 muertos o desaparecidos por combatientes de derecha e izquierda durante la dictadura de 1964-1985, pero nunca ha investigado ni castigado a los culpables.

La comisión tendrá autoridad para hacer citaciones, puede demandar al gobierno todo documento que desee y poner a testigos bajo juramento, pero la ley de amnistía de 1979 permanece intacta, de modo que no permitirá condenas. No está claro qué ocurrirá con quienes se nieguen a hablar.

"Esta comisión es extremadamente limitada", se lamentó Cecilia Coimbra, que fue torturada por los militares brasileños. "No hay infraestructura, ni gente, ni tiempo suficiente para investigar todo lo que ocurrió". Coimbra fundó el grupo Tortura Nunca Más.

La experiencia argentina indica que dichas comisiones de por sí no son suficientes, dijo Estela de Carlotto, líder del grupo Abuelas de Plaza de Mayo.

"Acá, de reconciliación, nada", afirmó. "Acá tiene que haber verdad y justicia. ¿Por qué? Porque primero, no pidieron perdón. Acá dicen que lo hicieron bien y lo volverían a hacer. Entonces, justicia y aparte reconciliación, si hay una madre o un padre que quiere perdonar a quien mató a su hijo y la ley lo permite es una cosa, pero no vamos a hacer un perdón colectivo o por decreto. Eso es algo aberrante para una democracia".

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Los periodistas de The Associated Press Raúl O. Garcés in Uruguay, Marco Sibaja y Juliana Barbassa en Brasil y Débora Rey en Argentina contribuyeron a este reportaje.

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Michael Warren está en www.twitter.com/mwarrenap