Los agentes federales que patrullan la frontera con México se quejan de que las leyes les impiden conducir vehículos por grandes extensiones de terreno protegidas por las leyes ambientales. Alegan que esas leyes no solamente permiten el paso irrestricto de animales silvestres, sino también de inmigrantes ilegales y contrabandistas humanos.

Cada vez más legisladores dicen que dichas restricciones han convertido esas zonas protegidas en terreno propicio para los delincuentes.

En las últimas semanas, tres paneles congresuales, incluso dos en la Cámara de Representantes controlada por los republicanos y uno en el Senado controlado por los demócratas, han tomado iniciativas para dar a la Patrulla Fronteriza acceso irrestricto a todos los territorios de administración federal dentro de los 160 kilómetros (100 millas) de la frontera con México.

Dos de los paneles expandieron el alcance de la legislación para incluir la frontera con Canadá.

Las decisiones reflejan una batalla en el Congreso que determinará si los agentes fronterizos pueden desatender las protecciones ambientales para cumplir con su cometido.

Decenas de leyes ambientales fueron suspendidas para permitir la construcción de la cerca fronteriza y los activistas dicen que es sólo un nuevo intento de los conservadores por hallar excusas para liquidar dichas protecciones ambientales.

Sin embargo, los agentes que han trabajado en la frontera dicen que las leyes merman su capacidad de asegurarla.

Zack Taylor, un agente retirado de la Patrulla Fronteriza que vive en Arizona a unos 15 kilómetros (9 millas) de la frontera, dijo que los contrabandistas se dan cuenta pronto de las zonas menos frecuentadas por los agentes.

"La ruta (del contrabando) pasa por terrenos públicos desde la frontera hasta el condado de Maricopa", dijo Taylor, aludiendo al condado más poblado del estado. "Los contrabandistas tienen piedra libre. Se ha convertido en una zona anárquica", agregó.

Los grupos ambientalistas dijeron que los legisladores que apoyan la legislación se han opuesto rutinariamente a la Ley de las Especies en Peligro, la Ley del Agua Potable Pura y decenas de leyes similares y los acusan de aprovechar la inmigración ilegal como un nuevo pretexto para oponerse a las protecciones ambientales.

"Por cada problema que hay en la sociedad, aparecen algunos extremistas en el Congreso que dicen que la solución es 'Eliminemos las leyes ambientales y abramos los territorios públicos''', se quejó Paul Spitler, vocero de la Wilderness Society.

"No se corresponde con la realidad, pero conviene a su predisposición de que son las regulaciones ambientales las que obstaculizan Estados Unidos", añadió.

Casi un 40% de los territorios sobre la frontera con México y una cuarta parte sobre la frontera con Canadá son públicos. Está prohibido conducir en las partes de esos territorios en las que son de protección a la vida silvestre.