Varias asociaciones de mujeres colombianas solicitaron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la creación de políticas públicas que afronten la especial situación de vulnerabilidad de las mujeres en el conflicto interno que sufre el país.

"Reconocemos que el Estado colombiano ha avanzado en este tema, y podemos decir que está en la agenda pública (...) pero el Estado colombiano tiene que llevar a cabo políticas públicas que hagan justicia con la situación de las mujeres que han sido víctimas en el conflicto armado", apuntó la representante de la Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazamiento (CODHES), Lina Céspedes.

Durante la audiencia, perteneciente al periodo de sesiones número 143 de la CIDH, se utilizó como ejemplo el caso de la periodista Jineth Bedoya, que fue víctima de violencia sexual en 2000 y cuya situación no ha sido atendida por la Justicia colombiana hasta este año.

Bedoya, que fue secuestrada cuando se disponía a realizar una entrevista en la cárcel La Modelo de Bogotá para el diario El Espectador, donde trabajaba entonces, prestó testimonio durante la audiencia.

La periodista pidió a la Comisión que su ejemplo ayudara a tomar medidas para hacer justicia con los más de 400.000 casos de abuso sexual contra mujeres que han tenido lugar en Colombia en los últimos diez años.

Bedoya, que permaneció secuestrada durante 16 horas, sufrió torturas y agresión sexual y finalmente fue abandonada cerca de la ciudad de Villavicencio, a unos 75 kilómetros al sur de Bogotá.

"Quiero que vean hoy en mi el rostro de las mas de 400.000 mujeres abusadas sexualmente en la última década en Colombia. Quiero que hoy en mí vean a todas estas mujeres que tienen sus casos en la impunidad, que no han podido encontrar justicia, pero que sobre todo, en la mayoría de los casos, han estado abandonadas por el Estado", dijo.

La periodista reconoció y agradeció el trato especial recibido por la Fiscalía General de su país en los últimos meses, pero insistió en que su caso estuvo abandonado durante once años.

Por otra parte, Céspedes explicó que la resistencia que tienen los funcionarios a vincular los delitos de violencia sexual dentro del marco del conflicto armado desdibujan el impacto del conflicto sobre la sociedad.

El representante de la Fiscalía General de Colombia, Néstor Novoa, afirmó que ya se desarrolla un diálogo entre el Gobierno y las organizaciones de mujeres, que arroja como resultado una política pública que considerará las particularidades de las víctimas.

"Existe una voluntad para investigar por parte la nueva Fiscalía General de la Nación. Hay una nueva metodología de investigación y hemos entrado en una dinámica globalizada para hilar y establecer vasos comunicantes, modus operandi y zonas donde se ejecutan estos crímenes. Estamos sistematizando la investigación criminal para hacer justicia", añadió Novoa.