El Senado brasileño aprobó por unanimidad la creación de una Comisión de la Verdad que investigará los crímenes cometidos durante la dictadura que gobernó el país entre 1964 y 1985, aunque no tendrá poder de sancionar a los culpables.

El proyecto de ley, aprobado en septiembre por la Cámara de Diputados, fue votado por la cámara alta al final de la noche del miércoles, cuando la totalidad de los legisladores presentes acogieron la iniciativa.

La comisión estará formada por siete miembros que serán designados por la presidenta Dilma Rousseff para investigar, durante dos años, las violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1946 y 1988. Dicho plazo va del final del anterior régimen militar (1937-1945) hasta la promulgación de la actual constitución.

Creada para "garantizar el derecho a la memoria y a la verdad histórica y promover la reconciliación nacional", la comisión comenzará a funcionar después de la sanción de la presidenta Rousseff, quien en su juventud integró una guerrilla que combatió al régimen castrense.

Pese al amplio plazo de investigación asignado a la comisión, el relator del proyecto de ley, el senador opositor Aloysio Nunes, consideró que los integrantes deben centrar su trabajo en el período dictatorial de 1964 a 1985.

"La comisión sólo se va a legitimar si mantiene su foco en los crímenes contra los derechos humanos cometidos durante el período de la dictadura de 1964", declaró Nunes, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

Nunes fue militante comunista e integró la resistencia armada a la dictadura.

Agregó que en ese período, "la acción experimental de un grupo de energúmenos violentos acabó asumiendo una escalada (violenta) hasta transformarse en una política de Estado de exterminio de adversarios".

La ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosario Nunes, celebró la votación en el Senado y consideró que la Comisión de la Verdad es un homenaje a los que lucharon por la democracia en Brasil.

"Esta comisión representa el compromiso del Estado brasileño de nunca más utilizar métodos de coerción y violencia como instrumento de política en nuestro país", comentó la ministra.

A diferencia de Argentina, Chile y Uruguay, en Brasil no se han investigado ni castigado los crímenes cometidos bajo el régimen castrense.

De hecho, el proyecto aprobado por el Congreso mantiene vigente la ley de amnistía de 1979, que exime de responsabilidad penal a los responsables de crímenes cometidos durante el período dictatorial.

La comisión fue propuesta el año pasado como parte de un amplio plan de derechos humanos, pero inicialmente generó suspicacias entre los militares.

El alto mando castrense apoyó la creación de la comisión después de recibir garantías de que investigará los abusos cometidos tanto por los agentes del Estado como por las guerrillas de izquierda pero que no alterará la ley de amnistía.

Pese a las limitaciones, el senador Nunes consideró que la comisión tendrá la tarea de "identificar y hacer público el funcionamiento de la estructura represiva montada en el tiempo de la dictadura".

Un reciente estudio del gobierno brasileño indicó que 475 personas fueron asesinadas o desaparecidas por agentes del régimen militar.

Además de Rousseff, varios altos dirigentes políticos sufrieron persecución durante la dictadura, incluyendo el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), quien estuvo preso por enfrentar al régimen como dirigente sindical.

Su antecesor Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) fue enviado al exilio en Chile, al igual que los cantantes Gilberto Gil y Caetano Veloso, quienes se asilaron en Londres.