La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada del jueves la abolición de una ley que elimina la amnistía a los militares de la dictadura de 1973 a 1985, en medio de un duro enfrentamiento político entre el oficialismo y la oposición, y expectativa en los círculos castrenses.

Después de más de 13 horas de debate, por momentos ásperos, la mayoría oficialista con sus 50 votos logró la sanción de la controversial iniciativa contra 40 de 44 diputados opositores que aún estaban presentes.

En una síntesis de lo acontecido, los diputados del partido Nacional, principal de la oposición dejaron sobre sus mesas ejemplares de la Constitución, en un mensaje tácito que la iniciativa izquierdista la viola, mientras el diputado frenteamplista, Luis Puig puso en su mesa un retrato de Elena Quinteros una desaparecida en 1976.

El Senado, donde el oficialismo también es mayoría, aprobó el martes la eliminación de la prescripción de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen de facto, lo que podría abrir el paso a nuevos juicios contra militares retirados.

En la votación del martes el gobernante Frente Amplio impuso su voluntad por 16 votos contra 15. Si el proyecto se aprueba en la cámara baja, se eliminará la prescripción de esos delitos que debía regir a partir del 1 de noviembre, de acuerdo con los plazos que fija el código penal.

Ahora la decisión aprobando esa ley pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Además de eliminar la prescripción, el proyecto de ley también declara de lesa humanidad los delitos cometidos durante la dictadura.

En los hechos, la nueva ley elimina la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado sancionada en 1986.

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia debería resolver la constitucionalidad o no de la decisión. En un caso, el órgano judicial consideró que eran delitos comunes y no lesa humanidad.

El presidente José Mujica dijo que esto era un asunto legislativo, consideró según El País, "que alguna decisión tendrá que haber por parte de la Suprema Corte de Justicia y estaremos a lo que ella decida". Aludía al parecer a que el máximo órgano judicial pueda declarar inconstitucional esa ley porque elimina con retroactividad la prescripción de delitos al declararlos ahora como de lesa humanidad.

Anteriormente, la Suprema Corte dijo que esos delitos eran crímenes comunes.

Según la oposición, la nueva ley es un avasallamiento a la Constitución, ya que la amnistía fue ampliamente respaldada en dos plebiscitos populares en 1989 y 2009, este último durante las elecciones que llevaron a José Mujica a la presidencia. En mayo, el Frente Amplio fracasó en derogarla porque un diputado oficialista se marginó y no votó aduciendo la violación a la Constitución.

Los militares, en tanto, anticiparon que presentarán una denuncia penal contra los ex tupamaros --movimiento guerrillero al que perteneció el presidente José Mujica-- presuntamente involucrados en secuestros y asesinatos que no fueron juzgados.

Con la eliminación de la prescripción, el Frente Amplio busca cumplir con el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que solicitó a Uruguay remover las trabas judiciales que impiden juzgar a los militares de la dictadura.

El fallo de la CorteIDH se refiere a la denuncia presentada por el argentino Juan Gelman, suegro de María Claudia García, secuestrada en agosto de 1976 en Buenos Aires y trasladada a Uruguay clandestinamente donde dio a luz a una niña, Macarena, que en el año 2000 supo quién era y adoptó el apellido Gelman. El esposo de María Claudia García, Marcelo Gelman, fue asesinado en Argentina tras el secuestro.

El ministerio de Defensa Nacional anunció el miércoles que sancionará al jefe del Estado Mayor de la Defensa, José Bonilla, por afirmar horas antes que la imprescriptibilidad de los delitos cometidos durante la dictadura solo prolongará el silencio de los militares.

"Creo que había un antes y un después del 1 de noviembre. Para aquellas personas que algo sabían, podían, a partir de esa fecha, en la libertad de la prescripción, aportar datos que todos los uruguayos queremos: la verdad frente a los hechos del pasado" , señaló.

El ministro Eleuterio Fernández Huidobro dijo en un comunicado que las declaraciones de Bonilla fueron "inconsultas" y que "a la brevedad" pondrá a consideración de Mujica "la sanción correspondiente" para el militar, pero no dio detalles.

En mayo, el Frente Amplio fracasó en su intento por eliminar la ley de caducidad --sancionada como contraparte de la amnistía a los tupamaros de 1985-- al no obtener los votos suficientes en la Cámara de Diputados.

Pese a la vigencia de la ley de amnistía, durante el gobierno del socialista Tabaré Vázquez (2005-2010) quedaron bajo arresto una veintena de uniformados luego de que la justicia determinó que la norma sólo era aplicable a los delitos cometidos dentro de Uruguay.

En Uruguay hubo unos 30 desaparecidos y más de 150 uruguayos corrieron igual suerte en Argentina.