El ministro de Deporte de Brasil, Orlando Silva, dimitió hoy desgastado por denuncias de corrupción que le han convertido en el quinto colaborador de la presidenta Dilma Rousseff que renuncia por esa misma causa desde enero pasado.

La gota que derramó el vaso de denuncias contra el ministro de Deporte, responsable en parte por la organización del Mundial de fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de Río 2016, fue la decisión del Supremo Tribunal de iniciar una investigación sobre supuestas irregularidades en ese despacho.

"La posición del Supremo fue determinante", declaró a periodistas el ministro de la Secretaría de la Presidencia, Gilberto Carvalho, en alusión a esa decisión del Supremo, que es extensiva a la gestión del antecesor de Silva en el cargo y actual gobernador de Brasilia, Agnelo Queiroz.

Silva resistió en los últimos diez días a un constante aluvión de denuncias formuladas por el expolicía Joao Dias Ferreira, que le acusa de estar involucrado en diversas irregularidades en el marco del programa Segundo Tiempo, que financia a organizaciones civiles dedicadas a promover el deporte entre los niños más pobres.

Dias Ferreira no llegó a presentar pruebas concretas y Silva acudió tres veces al Congreso para prestar explicaciones a una oposición envalentonada con los constantes escándalos en el Gobierno que exigía su inmediata renuncia.

Silva reclamó por la falta de pruebas, dijo ser víctima de una "nueva Inquisición" y pidió formalmente a los organismos jurídicos del Estado que investiguen su vida, pero nada bastó para impedir su salida.

"Usted debe entender que nadie lo quiere en el Gobierno", llegó a espetarle este martes el diputado Antonio Carlos Magalhaes Neto, del opositor Partido Demócratas (DEM), quien marcó así el clima político que enfrentaba el ahora exministro.

Según Dias Ferreira, que está acusado de fraudes en el programa Segundo Tiempo y que el año pasado llegó a ser detenido, en ese despacho existe desde hace años un "esquema de comisiones" mediante el cual han sido desviados unos 40 millones de reales (cerca de 23 millones de dólares) de los cofres públicos.

Afirmó incluso que él mismo fue "víctima" de esas maniobras, como responsable de una federación de artes marciales que recibía apoyo del programa Segundo Tiempo.

El desgaste causado por esas denuncias se sumó al que acumulaba Silva en las tensas negociaciones por exigencias de la FIFA de cara al Mundial de 2014, como la venta de cerveza en estadios, prohibida por ley en Brasil.

El pasado viernes, entre fuertes rumores sobre una "inminente" dimisión de Silva, el secretario general de la FIFA, Jérome Valcke, llegó a anunciar que viajará a Brasil en noviembre para continuar esas negociaciones, pero con "otro interlocutor".

No obstante, ese mismo día Rousseff se reunió con Silva y lo ratificó en el cargo bajo la "presunción de inocencia que debe beneficiar a todo ciudadano".

El pasado domingo, sin embargo, el ministro Carvalho aclaró que esa decisión de Rousseff no era "definitiva", ya que debía estudiar mejor la situación, pues durante toda la semana pasada, cuando se conocieron las denuncias, estaba en una gira que le llevó a tres países de África.

El titular de Deporte había asumido el cargo hace cinco años, durante la gestión del ahora expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, y Rousseff lo mantuvo cuando asumió el poder, el pasado 1 de enero.

Desde entonces, Rousseff ha perdido por sospechas de corrupción a los ministros de la Presidencia, Antonio Palocci; Transportes, Alfredo Nascimento; Agricultura, Wagner Rossi, y Turismo, Pedro Novais, así como al ministro de la Defensa, Nelson Jobim, quien dimitió por diferencias con el Gobierno.

Palocci, Nascimento, Rossi y Jobim, así como Orlando Silva, se habían desempeñado como ministros durante la gestión de Lula, y pese a sus estrechos vínculos con el exmandatario, a quien considera su padrino político, a Rousseff no le tembló el pulso a la hora de pedir sus cargos.

Esa firmeza de Rousseff ante las denuncias de corrupción en su Gobierno ha llevado a la prensa a afirmar que la presidenta avanza en una "limpieza ética" para eliminar de la administración pública todo rastro de irregularidades.