La Corte Suprema de Justicia anunció el miércoles que temporalmente modificó la pena impuesta a un general retirado del Ejército condenado a 40 años de prisión por su responsabilidad en una masacre perpetrada hace más de 14 años por paramilitares.

La condena impuesta en 2009 por el Tribunal Superior de Bogotá a Jaime Humberto Uscátegui fue rebajada de 40 a 37 años de prisión, indicó el alto tribunal en un comunicado.

Según la Corte Suprema, uno de los tres delitos por los que fue condenado Uscátegui, "falsedad material en documento público", ya prescribió. Los otros dos delitos por los que Uscátegui fue condenado fueron homicidio agravado y secuestro agravado.

El abogado defensor de Uscátegui, Edgar Saavedra, explicó en diálogo telefónico que por las leyes colombianas el período de prescripción varía según el delito y ese lapso de tiempo sigue transcurriendo hasta tanto una condena sea definitiva.

Como el oficial apeló el fallo del Tribunal Superior ante la Corte Suprema, que aún no se ha pronunciado sobre ese recurso, entonces el período de prescripción, que en el caso del delito de falsedad es de ocho años, siguió corriendo.

La decisión de la Corte Suprema se da en momentos en que la Fiscalía atraviesa una controversia sobre el número de víctimas por la masacre perpetrada en julio de 1997 en el municipio de Mapiripán, en el departamento de Meta y a 300 kilómetros al sureste de Bogotá.

Por esa masacre fue condenado Uscátegui porque, según la investigación, facilitó la llegada de los paramilitares a Mapiripán. El oficial siempre ha negado ese señalamiento.

Activistas y la Fiscalía indicaron que el número aproximado de víctimas, con base en testimonios de testigos y ex paramilitares, fue de 49 y que los cuerpos habían sido lanzados a un caudaloso río de la zona.

Nuevos testimonios de paramilitares desmovilizados ante la Fiscalía, y conocidos en los últimos días, hablan de 10 muertos en Mapiripán.

Diarios locales han indicado que al menos una mujer se hizo pasar por víctima al asegurar que su esposo y dos hijos murieron en aquella masacre, cuando su esposo había muerto antes y uno de sus hijos está vivo.

Por esa masacre el Estado colombiano fue condenado en 2005 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dispuso el pago de abultadas indemnizaciones.

El grupo no gubernamental Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" (CCAJAR), dijo en un comunicado de 10 puntos que asumirá la representación judicial de aquellas personas que se declararon como afectadas por la Masacre de Mapiripán.

"Siempre hemos actuado de entera buena fe, y creemos y seguiremos creyendo en la buena fe de las víctimas", señaló la organización representó a familiares de las víctimas contra el Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1999.

"Si algún o algunos demandantes, solicitaron su reconocimiento como víctimas sin serlo, ello debe ser establecido por la autoridad judicial correspondiente, la cual determinará la respectiva responsabilidad penal. El CCAJAR se pone a total disposición de las autoridades judiciales para el esclarecimiento de estos hechos", agregó el grupo.